Published on enero 21st, 2021 | by EcoPolítica

El sueño europeo. Parte II. Un nuevo modelo económico

Por Luis Esteban Rubio [1]

A Siria, Muma, Richardson y Umara

La humanidad se enfrenta en nuestro tiempo a retos de gran magnitud: agravamiento de la crisis ecológica, intensificación de las desigualdades sociales, creciente poder de las grandes empresas, persistencia de las desigualdades de género, aumento del autoritarismo nacionalista, incremento de las tensiones internacionales, gestión de un número creciente de personas migrantes y refugiadas, sobreconcentración de la población en grandes ciudades, regreso palpable del irracionalismo, posibles nuevas pandemias -además de la actual-, etc.

Ante dichos retos, en la primera parte de este artículo se presentó, con carácter introductorio, una propuesta de visión que lograra abordar aquéllos, al menos, de forma suficiente. En esta segunda, así como en las siguientes, se comenzará a desarrollar cada uno de los puntos que se sostuvieron en la primera parte. Y se señala explícitamente la idea de que “se comenzará a desarrollar” pues la pretensión es realizar diferentes versiones de cada una de ellas para ir enriqueciendo, matizando y ampliando las mismas.

Esta segunda parte del artículo se dedicará a un elemento prioritario para abordar los grandes retos de nuestro tiempo: la construcción de un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico que, para satisfacer nuestras necesidades, respete el bien común de la sociedad, a saber: los derechos humanos, el bienestar animal, la sostenibilidad de los ecosistemas y la viabilidad de la comunidad política [2].

La necesidad de construir un nuevo modelo económico parte de una premisa: aunque en diferentes grados, ninguno de los cinco principales modelos económicos desarrollados a lo largo del último siglo garantiza suficientemente el bien común de la sociedad. Y por ello, y aunque también en diferentes grados, ninguno lograría dar, desde el ámbito económico, una respuesta suficiente a los grandes retos de nuestro tiempo.

Ni el capitalismo bienestarista, que actualmente sigue siendo el principal modelo económico en la Unión Europea, y cuyo economista de referencia es John Maynard Keynes. Ni el capitalismo neoliberal que, surgido como respuesta al capitalismo bienestarista, comenzó a desarrollarse en el Chile de Augusto Pinochet, el Reino Unido de Margaret Thatcher y el Estados Unidos de Ronald Reagan, y cuyos economistas de referencia son Friedrich Hayek y Milton Friedman. Ni el comunismo de la antigua Unión Soviética, actualmente inexistente. Ni el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia de Tito, actualmente inexistente. Ni el “socialismo con características chinas” que representa el modelo económico de China desde Deng Xiaoping. Ninguno de estos cinco modelos garantiza, en virtud de sus diversos posicionamientos respecto a los principales elementos de todo modelo económico (propiedad de los medios de producción, rol de la producción, rol del consumo, rol del mercado, rol del sector público, régimen impositivo, régimen político afín, etc.), una respuesta suficiente a los retos de nuestro tiempo [3]. No obstante, y si bien todos darían una respuesta insuficiente (y algunos serían incluso los causantes de varios de los retos), se ha de enfatizar que existen sustanciales diferencias de grado. Así, el capitalismo bienestarista sería preferible al capitalismo neoliberal; el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia sería preferible al comunismo soviético y al “socialismo con características chinas”; y, a su vez, el capitalismo bienestarista sería preferible al socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia.

Partiendo de este marco, y a brocha gorda, si el «socialismo con características chinas” representa actualmente una suerte de síntesis distópica entre capitalismo neoliberal y comunismo soviético, la propuesta de un nuevo modelo económico que se expondrá a continuación podría ser una suerte de síntesis virtuosa entre capitalismo bienestarista y socialismo autogestionario. Por ello, y siguiendo el espíritu de Robert Dahl: “a mí no me molestaría en exceso que los partidarios del capitalismo lo considerasen una forma nueva y mejor de capitalismo, y los socialistas, como una forma nueva y mejor de socialismo”.

De esta forma, el nuevo modelo económico, por un lado, encontraría en la Unión Europea el lugar con las circunstancias históricas y actuales más favorables para poder ser inicialmente impulsado. Por otro, el nuevo modelo económico se enmarcaría en una suerte de reformismo sustancial y permanente, sin ninguna pretensión de revolución o de asalto de los cielos; de hecho, parte de él, se podría derivar, como se observará, de la actual Constitución Española. Y por último, el nuevo modelo económico, ante los grandes retos de nuestro tiempo y la necesidad de grandes consensos y mayorías sociales para afrontarlos, buscaría lograr cierto consenso -o al menos simpatía y no rechazo- en el centro, centroizquierda e izquierda política, es decir, en liberales sociales, socialdemócratas, ecologistas, eurocomunistas y anarquistas.

A continuación, se presentará, en primer lugar, la propuesta del nuevo modelo económico y, tras ello, una breve propuesta de estrategia para su realización en la práctica.

I. UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

A. Un nuevo modelo económico en la teoría

A lo largo de las últimas décadas, diferentes autores han realizado propuestas sistémicas alternativas o superadoras de los modelos económicos principales previamente mencionados. Entre dichas propuestas, cabrían ser destacadas las realizadas por Robert Dahl, Alec Nove, David Miller, Mario Bunge, Richard Wolff, David Schweickart y, en el caso de España (y, más en concreto, de Cataluña), Jordi García Jané. No obstante, y en virtud de sus posiciones en relación con la propiedad de los medios de producción, la propuesta de un nuevo modelo económico defendida en el presente artículo bebe principalmente de las ideas de Dahl, Nove, Bunge y Wolff, y no tanto de las de Miller, Schweickart [4] y García Jané.

Igualmente, a estas propuestas se suman, también en las últimas décadas, las realizadas por la economía feminista, donde destacaría la de Amaia Pérez Orozco, y las llevadas a cabo por la economía ecológica, donde cabría resaltar, entre otras, las de Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo.

Partiendo de todo lo anterior, la propuesta de un nuevo modelo económico estaría conformada por una combinación dinámica y virtuosa de, al menos, cinco elementos: un Estado de Bienestar actualizado; un Green New Deal decrecentista; el cooperativismo; los autónomos y las microempresas; y el consumo consciente y organizado.

A continuación, y de la forma más resumida posible, se proceden a exponer los principales componentes de cada uno de los cinco elementos señalados.

1. Estado de Bienestar actualizado

Con la idea de Estado de Bienestar actualizado, se hace referencia a, al menos, ocho elementos: regulación del mercado; políticas públicas para garantizar la equidad de género en el trabajo productivo y reproductivo; provisión de bienes y servicios básicos por parte del sector público; redistribución justa de la riqueza; presencia del sector público en la actividad económica; desarrollo de un espíritu cívico por parte de las personas funcionarias; fomento del sindicalismo; y fomento del reparto del trabajo.

En primer lugar, y frente a la desregulación del mercado, se defiende una regulación del mercado suficiente que garantice que todo bien y servicio se ha producido respetando el bien común. De esta forma, y por ejemplo, todo bien y servicio que haya vulnerado los derechos humanos en su proceso de producción (pensemos en las condiciones de las personas trabajadoras de la industria textil en Asia o de las personas trabajadoras en las minas de coltán en el Congo), no podría entrar a ser vendido en el mercado. Igualmente, y por su parte, la regulación del mercado

En segundo lugar, y frente a la brecha salarial entre mujeres y hombres, la sobrecarga de trabajo reproductivo en las mujeres, y las barreras laborales todavía existentes para las mujeres, un Estado de Bienestar actualizado tiene que garantizar, a través de políticas públicas, la equidad de género en el trabajo productivo y reproductivo.

En tercer lugar, el sector público, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y garantizar la justicia social, ha de proveer a la ciudadanía de una serie de bienes y servicios básicos. No obstante, por justicia social, siguiendo a Rousseau, no hay que entender una igualdad absoluta, sino una igualdad mínima o suficiente. Como apunta Rousseau: “no hay que entender […] que los grados de […] riqueza sean absolutamente los mismos, sino que […] ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para ser constreñido a venderse”.

Además, realizar la justicia social no sólo garantiza los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía, sino que también otorga una mayor viabilidad a la comunidad política. Como señala también Rousseau: “¿Queréis dar al Estado consistencia? Acercad los grados extremos cuanto sea posible; no permitáis ni gentes opulentas ni pordioseros”.

Para garantizar esta justicia social, el sector público, en el nivel oportuno (municipal, autonómico, estatal o europeo), ha de proveer a la ciudadanía, al menos, de dos elementos: por un lado, de determinados bienes y servicios básicos no sujetos a las dinámicas del mercado, como son, por ejemplo, la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad, la justicia y las infraestructuras. Y por otro, de prestaciones por desempleo y, en caso de terminar el período de éstas o no darse las condiciones para acceder a ellas, de una renta mínima de inserción (que no una renta básica universal).

En cuarto lugar, y para que el sector público pueda ofrecer estos bienes y servicios propios de un Estado de Bienestar, es necesario que se produzca una redistribución justa de la riqueza. Y para que ésta sea justa, debería guiarse, al menos, por dos postulados. Por un lado, el recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Pagar impuestos, en su justa medida, es un deber de todo ciudadano para garantizar la viabilidad de la comunidad política. Y en este sentido, hay que adoptar pues una perspectiva republicana de los impuestos -que observa el pago de éstos con orgullo y como muestra de patriotismo-, y no una perspectiva liberal -que observa la existencia de impuestos como una suerte de «robo» a los ciudadanos por parte del sector público o, como mínimo, como un mal necesario-.

Pero también, y por su parte, la redistribución de la riqueza, para ser justa, debería guiarse por estas palabras de Rousseau: “uno de los más importantes asuntos del gobierno consiste en prevenir la extrema desigualdad de las fortunas, pero no […] [quitando] los tesoros […] [a] los que los poseen, sino impidiendo por todos los medios que los acumulen; tampoco construyendo hospitales para pobres, sino preservando a los ciudadanos de caer en la pobreza”. Es decir, no sólo hay que promover una redistribución de la riqueza, digamos, en segunda instancia (cuando interviene el régimen impositivo del sector público), sino que también se ha de promover una redistribución de la riqueza más justa en primera instancia. Y para ello es clave el fomento del cooperativismo, los autónomos y las microempresas, que se observará más adelante.

En quinto lugar, el sector público debe contar, en el nivel territorial oportuno (municipal, autonómico, estatal o europeo), con empresas públicas, y/o en su caso empresas socializadas (empresas de propiedad pública pero de gestión autónoma por el conjunto de las personas trabajadoras de la misma), para producir un determinado bien o servicio que se considere estratégico o tendente a monopolio.

Como se señala en el artículo 128.2 de la Constitución Española (en la parte conocida como la Constitución Económica): “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Así, en esta iniciativa pública en la actividad económica, se encontrarían desde empresas públicas de carácter municipal para la gestión del agua, hasta grandes e innovadoras empresas de carácter estatal como Renfe o Adif.

Igualmente, en este ámbito, y siguiendo la idea de Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, se ha de poner en valor que, frente a la creencia común de que son las empresas privadas quienes llevan mayoritariamente a cabo las grandes innovaciones de bienes y servicios, el sector público, a lo largo de su historia, ha jugado un papel fundamental en esta innovación, bien directamente o bien indirectamente como financiador. Así se puede observar, entre múltiples ejemplos, tanto en la invención de internet (donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el CERN jugaron un papel principal) como actualmente en el descubrimiento de varias de las vacunas contra el coronavirus.

En sexto lugar, es necesario fomentar un espíritu cívico, de servicio a la comunidad, de deberes cívicos, entre las personas que trabajan como funcionarias en el sector público. Son ellas las que, remuneradas por la comunidad, más han de preocuparse por la garantía del bien común. Y es por este motivo que, por un lado, hay que poner en valor a toda esa mayoría de funcionarios y funcionarias públicos que desempeñan su labor con la máxima profesionalidad y voluntad de servicio (así lo he vivido como hijo y sobrino de profesores y profesoras de la enseñanza pública). Pero también, por otro, y con el objetivo de mantener la dignidad de la función pública y de asegurar la viabilidad de la comunidad política, hay que establecer mecanismo de control más eficaces entre el funcionariado para que los negligentes, los corruptos y los que abusan de su poder, puedan ser apartados más fácilmente de la función pública.

En séptimo lugar, se ha de promover un sindicalismo fuerte para proteger los derechos de las personas trabajadoras tanto en el sector público como en el sector privado. Pero también, y siguiendo a Christophe Degryse, jefe de la unidad de prospectiva del Instituto Sindical Europeo (ETUI [5]), el futuro de los sindicatos pasa por incorporar un nuevo pilar esencial entre sus funciones: el fomento del cooperativismo. Y en este sentido, el sindicalismo habría pues de promover (impulsar, informar, asesorar, organizar, etc.) entre los trabajadores: bien la transformación de las empresas capitalistas en cooperativas, o bien la creación de nuevas cooperativas. De ello, ya hay ejemplos. Como recoge la OIT, “los sindicatos franceses han desempeñado un papel fundamental en diversos casos de fracaso empresarial en los cuales la actividad ha sido restablecida en el marco jurídico de SCOP (Sociedades cooperativas y participativas). Para el taller de imprenta Hélio-Corbeil, por ejemplo, la creación de una SCOP permitió salvar alrededor de 80 puestos de trabajo”. Sin embargo, y como también apunta la OIT: “estos casos de cooperativas ‘fénix’ demuestran que, con una dirección adecuada y un plan de negocios sólidos, las empresas que parecen condenadas al fracaso pueden encontrar un futuro. No obstante, estas misiones de rescate significan una tarea enorme, recuperar empresas que ya han fracasado. Un enfoque más activo, en vez que simplemente reactivo, del modelo cooperativo de empresa [por parte] de los sindicatos [,] puede ser lo que necesitamos”.

En octavo y último lugar, y como se viene defendiendo en EcoPolítica desde la traducción y adaptación al castellano del Informe 21 horas. Una semana laboral más corta para prosperar en el siglo XXI de la New Economics Foundation, un Estado de Bienestar actualizado buscaría progresivamente (y se enfatiza la idea de “progresivamente” debido a la complejidad de la medida) una reducción de la jornada laboral. Y lo haría con el objetivo principal de “trabajemos menos y trabajemos todos”, lo cual mejoraría la calidad de vida tanto de las personas actualmente trabajadoras como de las actualmente desempleadas.

2. Green New Deal decrecentista

Con la idea de Green New Deal decrecentista se hace referencia a, al menos, tres elementos: en primer lugar, fomento de la inversión para la transición ecológica del modelo de producción; en segundo lugar, que esa transformación tenga un carácter decrecentista y no crecentista; y en tercer lugar, que ese Green New Deal decrecentista tenga como principal aliado, no a las grandes empresas, sino a las cooperativas.

En primer lugar, se debe fomentar la inversión para transformar el modelo de producción y que éste sea sostenible con los ecosistemas. Para ello, habría dos vías: por un lado, inversión pública directa por parte del sector público (ej. ayudas directas para la rehabilitación energética de edificios); y por otro, fomento de la inversión privada a través de incentivos (ej. en materia de impuestos).

En segundo lugar, la Unión Europea considera el Pacto Verde Europeo (traducción continental del Green New Deal) como su principal estrategia de crecimiento económico. La propia Unión señala que, gracias a este Pacto Verde Europeo, “no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”. Sin embargo, en ningún momento de la historia se ha producido, y nadie ha explicado cómo se va a producir con el Pacto Verde Europeo, el desacoplamiento entre crecimiento económico, por un lado, y neutralidad climática y límites ecológicos del planeta, por otro. Frente a esta fantasía, es pues necesario un Green New Deal de carácter decrecentista, donde el crecimiento económico no siga siendo el leitmotiv. Pero esto no significa un decrecimiento de todos los sectores de producción, sino un decrecimiento general de la producción. De esta forma, lo que necesitamos es decrecer sustancialmente en todos los sectores marrones, y crecer en todos los sectores verdes (energías renovables, eficiencia energética, rehabilitación energética de edificios, movilidad sostenible, agricultura ecológica, reciclaje de residuos y materiales, etc.).

En tercer y último lugar, se ha puesto de moda, también por desgracia entre algunos sectores de la izquierda, la idea de un capitalismo verde. Un capitalismo verde que vendría a defender que es posible llevar a cabo la transición ecológica de la mano de grandes empresas de carácter capitalista. Sin embargo, y al igual que sucede con el actual Pacto Verde Europeo, esta premisa representa otra gran fantasía, ya que el objetivo principal de la gran empresa capitalista fue, es, y seguirá siendo, la maximización del beneficio. Las grandes empresas llevan años haciendo campañas de greenwashing (o lavado verde) sin poner en marcha reformas sustanciales de su modelo de producción. Y nada nos parece indicar que esto vaya a cambiar. De esta forma, y frente al capitalismo verde, es pues fundamental, para llevar a cabo con éxito un Green New Deal que cumpla realmente su objetivo de transformación ecológica del modelo productivo, aliarse con otros modelos empresariales que, entre sus principios fundacionales y estructurales, no se encuentre el principio de maximización del beneficio. Y es aquí donde nos encontramos el motivo por el cual el Green New Deal decrecentista debería impulsar y hacer una alianza explícita con el cooperativismo.

3. Cooperativismo

El cooperativismo, surgido a mediados del siglo XIX (la aparición de la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale podría marcar simbólicamente su nacimiento), representa una tradición empresarial ligada principalmente a la socialdemocracia clásica más interesante: Jean Jaurès en Francia, Juan B. Justo en Argentina [6], o Fernando Garrido y Fernando de los Ríos en España. Sin embargo, desde hace décadas, y por desgracia, el cooperativismo no representa un pilar esencial de ninguna de las propuestas económicas del espacio progresista.

Y ello es así por, al menos, cuatro motivos: por un lado, el comunismo defendió y llevó a cabo una estéril dicotomía entre el Estado y el Mercado, una dicotomía de la cual no se ha podido todavía librar del todo el eurocomunismo actual. Por otro lado, el anarquismo, que históricamente siempre se encontró cercano al cooperativismo (piénsese, por ejemplo, en las experiencias desarrolladas en la revolución social española de 1936), en la actualidad apuesta principalmente por la vía sindical de defensa de los derechos laborales de los trabajadores en las empresas capitalistas, más que, de forma clara, por la constitución de cooperativas por parte de los trabajadores. Por su parte, la socialdemocracia, para poder construir el Estado de Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo que pactar con el capitalismo la aceptación acrítica de la empresa capitalista. Y por último, los movimientos ecologistas y los partidos verdes, si bien podrían ser actualmente los más cercanos a la defensa del cooperativismo, tampoco han llegado a introducir, posiblemente por su focalización en el eje productivismo / antiproductivismo, este modelo empresarial como elemento esencial de su propuesta económica. De esta forma, y como señala Mario Bunge, la izquierda sigue teniendo guardada en un cajón su principal y más seria, transformadora y emancipadora apuesta de modelo empresarial.

No obstante, también se ha de destacar que el cooperativismo no ha sido una propuesta histórica meramente de la izquierda y el centroizquierda, sino que el liberalismo social, de la mano de un autor de la talla de John Stuart Mill, también realizó una importante defensa del mismo. Así, y en palabras del propio Mill: “si la humanidad continúa progresando, la forma de asociación que es de esperar predomine en definitiva no es la que puede existir entre un capitalista que actúa como jefe y un obrero que no tiene ni voz ni voto en la dirección, sino la asociación de los mismos trabajadores en condiciones de igualdad, poseyendo colectivamente el capital con el cual realizan sus operaciones y trabajando bajo la dirección de personas que ellos mismos nombren y destituyan”. De esta forma, el cooperativismo podría llegar a ser defendido no sólo por la izquierda y el centroizquierda, sino también por el centro, pudiendo con ello llegar a disfrutar de una amplia mayoría de apoyo social como modelo empresarial.

Por su parte, el término cooperativismo, a mi juicio, puede ser entendido tanto en sentido estricto como en sentido amplio. En sentido estricto el término cooperativismo haría únicamente referencia a toda empresa constituida en forma de cooperativa. Y, en sentido amplio, el término cooperativismo haría referencia a toda organización que, constituida o no en forma jurídica de cooperativa, se guiara por sus mismos o similares principios. Así, en su sentido amplio, formarían parte del movimiento cooperativista las organizaciones que actualmente se engloban bajo el término, de mucha menor fuerza y potencial, “economía social”; a saber: no sólo las cooperativas, sino también las mutualidades, las sociedades laborales, las empresas de inserción, las fundaciones, las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, los centros especiales de empleo o las cofradías de pescadores. Partiendo de esta diferenciación, se opta por el uso prefernete del término cooperativismo en sentido amplio, en lugar del término economía social y solidaria, ya que este último no disfruta, ni se prevé que lo haga, de suficiente capacidad comunicativa.

Por otro lado, y a su vez, el cooperativismo puede ser observado tanto desde la mirada de la ya mencionada economía social, como desde la mirada de la economía solidaria. La mirada desde la economía social pondría el énfasis en la producción y las cooperativas de trabajo asociado. Por su parte, la mirada desde la economía solidaria se caracterizaría, por un lado, por haber incorporado las demandas de los movimientos ecologista, feminista y animalista; por otro, por su no ánimo de lucro (importante: no es lo mismo la búsqueda de beneficio que el ánimo de lucro); y por último, por poner el énfasis no sólo en la producción sino también en un consumo consciente y en un consumo organizado en cooperativas de consumidores y cooperativas integrales.

No obstante, y si bien la cuestión del consumo se observará de forma separada, tanto la economía social como la economía solidaria coincidirían de forma general en un cooperativismo que se caracterizara, del lado de la producción, por, al menos, los siguientes cinco elementos:

En primer lugar, por la defensa de la propiedad y la gestión de los medios de producción por parte de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, la propia Constitución Española, en su artículo 129.2, en la parte conocida como la Constitución Económica, recoge el cooperativismo como un pilar de ésta. Como dicho artículo señala: “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

En segundo lugar, esa propiedad y gestión de los medios de producción por parte de los trabajadores conlleva la existencia de una democracia interna en la empresa. Actualmente, y de forma general en el capitalismo neoliberal y el capitalismo bienestarista, se está produciendo una dicotomía al vivir en una democracia en el ámbito político y en una dictadura en el ámbito empresarial. En su momento, se produjo la misma dicotomía, pero en sentido inverso, en el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia: existía una mayor democracia en la empresa, pero tenía que convivir con una dictadura política. Es pues fundamental romper esa dicotomía y defender tanto una democracia política como una democracia económica. Además, y siguiendo las investigaciones de Carole Pateman, ambas democracias se retroalimentan positivamente. Por ejemplo: a mayor participación en la empresa por parte de un trabajador, mayor sentido de eficacia política (es decir, mayor sentido de que tus acciones sí pueden tener un impacto político) y, con ello, mayor probabilidad de participación política por parte de ese trabajador.

En tercer lugar, el cooperativismo no tiene el ánimo de lucro y la maximización de los beneficios como principio rector. El cooperativismo entiende que es necesaria la viabilidad económica de la empresa, y con ello que es necesario tener beneficios en cada ejercicio económico, pero apuesta por, o bien un ánimo de lucro reducido en el caso de las organizaciones de la economía social, o bien por no tener ánimo de lucro en el caso de las organizaciones de la economía solidaria. Por este motivo, el cooperativismo sitúa de forma general y equilibrada el bienestar de sus trabajadores, la viabilidad de la empresa y el bien común de la sociedad en el centro de su modelo de producción. De manera tal que las cuestiones laborales, de cuidados, de menor brecha salarial entre los trabajadores (con la consecuente menor acumulación de recursos por unos pocos), de integración en la comunidad, de no deslocalización de la producción, de no evasión fiscal, etc., se encuentran, de forma general, entre sus principios esenciales.

En este sentido, y en relación con la cuestión de la sostenibilidad de los ecosistemas, las cooperativas de la economía solidaria poseen también éste entre sus principios esenciales. Por su parte, las cooperativas de la economía social, si bien son más sensibles a esta cuestión que, de forma general, las empresas de carácter capitalista (y se menciona “de forma general” pues hay algunas empresas capitalistas de emprendimiento social que tienen bastante en cuenta la cuestión de la sostenibilidad), tendrían que seguir caminando hacia la incorporación de este elemento entre sus principios básicos a la hora de la producción. El hecho de que su principio guía no sea el ánimo de lucro y la maximización de los beneficios, permitiría sin una dificultad insalvable (como sí ocurre en el caso de las empresas capitalistas) la incorporación de este elemento.

En cuarto lugar, el cooperativismo se caracteriza por tejer redes y alianzas con otras cooperativas tanto en los diferentes sectores (véase, por ejemplo, la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid -UCETAM-), como en los diferentes niveles territoriales (véase, por ejemplo, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social -CEPES-, o la Alianza Cooperativa Internacional). E igualmente, y en este sentido, hay que destacar una figura de alianza e integración avanzada: la cooperativa integral (como es, por ejemplo, el Mercado Social de Madrid). Las cooperativas integrales se caracterizan por englobar más de dos fases económicas (financiación, producción, distribución, comercialización y consumo), de manera tal, que se desarrolla un valioso apoyo mutuo entre las organizaciones y personas que la forman.

Por último, y al igual que, como bien apuntan autores como Cornelius Castoriadis o Martha Nussbaum, para garantizar el buen funcionamiento de una democracia política, es fundamental una educación política democrática de la ciudadanía, una paideia democrática, en el caso del cooperativismo, éste también considera que es esesncial una educación empresarial democrática de la ciudadanía para garantizar el buen funcionamiento de las cooperativas. Al igual que, como señalaba Castoriadis, las personas no nacen desde la cuna como demócratas políticos (véase, por ejemplo, el simbólico Manifiesto de los Persas elaborado y firmado por diputados absolutistas defensores de Fernando VII), sino que van aprendiendo a serlo a través de la educación teórica y práctica, las personas tampoco nacen listas para entrar a formar parte de una cooperativa (y menos tras décadas de capitalismo neoliberal), sino que tienen que ir aprendiendo a serlo a través de la educación teórica y práctica. Y en este sentido, merecen ser recordadas las palabras de Fernando de los Ríos: “a medida que una sociedad está dotada de menos espíritu de iniciativa es más lento a su vez el movimiento cooperativista, debido a ese su preeminente carácter social y no estatista. La cooperativa o es creada por el cooperador o vive sin vida; en vano el Estado, el municipio, las mismas empresas patronales crean cooperativas; su vigor real depende del entusiasmo e interés de sus adherentes, y faltos de éste, mueren en el desmayo”. De hecho, el propio John Stuart Mill, considera que, en el futuro, los trabajadores asalariados sólo serán aquéllos con menor grado de educación: “si continúa el progreso […] no hay duda alguna de que la situación del trabajador asalariado irá tendiendo gradualmente a limitarse a la clase de trabajadores cuyas bajas cualidades morales hacen que no sean apropiados para nada más independiente”. En definitiva, el cooperativismo es bien consciente de que, para el éxito del movimiento, es fundamental una paideia democrática también en el mundo empresarial. Y es por ello que son tan necesarias iniciativas como, con una metodología más teórica, los diferentes másteres universitarios en cooperativismo y economía social y solidaria (véanse, por ejemplo, los que ofrece la Universidad de Mondragón, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia, etc.); o como, con una metodología más práctica, la Escuela de Activismo Económico (con sede en Madrid, de la mano de Ecooo, y, en Barcelona, de la mano de LabCoop).

4. Autónomos y microempresas

Con la idea de autónomos y microempresas (empresas de menos de diez trabajadores), al igual que de cooperativas, se hace referencia a una propuesta de actualización de la concepción republicana de la propiedad defendida, entre otros, por Thomas Jefferson y Rousseau. Esta concepción viene a decir que, para garantizar una sociedad con mayor libertad política de los ciudadanos, con mayor justicia social y con mayor cohesión, es fundamental fomentar, frente a una sociedad en la que el poder económico se concentra en número muy reducido de grandes propietarios, una sociedad en la que el poder económico esté distribuido en una amplia mayoría de pequeños propietarios.

Y si esta concepción, en el siglo XVIII, podía estar representada por una sociedad de pequeños propietarios rurales, en la actualidad, estaría representada tanto por el cooperativismo (previamente observado), como también por los autónomos y las microempresas. Y, en este sentido, se hace particular énfasis en la idea de microempresas pues ya en las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), y siempre que no sean cooperativas, se empiezan a producir dinámicas de mayor brecha salarial, mayor acumulación de capital por unos pocos y, con ello, de aumento de la desigualdad social. Y es por este motivo que, el nuevo modelo económico defendería que, a partir de diez trabajadores, se incentivara de diversas formas (ej. reducciones de impuestos, subvenciones, facilidad de acceso a la financiación del capital social, asesoramiento y acompañamiento gratuito, etc.), la transición de una empresa a empresa cooperativa. Para la producción de determinados bienes y servicios, y para favorecer las economías de escala, es fundamental promover el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas, pero, para que ello no produzca efectos adversos sobre la sociedad, es pues también esencial que dichas empresas estén constituidas en forma de cooperativa.

De esta forma, el fomento de autónomos, microempresas y cooperativas garantizaría que, en primera instancia, se esté ya produciendo una redistribución de recursos más equitativa y, con ello, una mayor justicia social. Con lo que, en segunda instancia, la intervención del sector público de cara a la redistribución de recursos sería ya de menor intensidad, produciendo a su vez con ello una menor conflictividad con esa acción.

Además, este nuevo modelo económico, en el que se fomentaría que pequeñas, medianas (entre 50 y 249 trabajadores) y grandes empresas (más de 250 trabajadores), hicieran su particular transición a cooperativas, produciría a su vez una mayor calidad de vida para los empresarios que actualmente gestionan las mismas. El motivo: si bien el empleado asalariado puede enfrentarse a una serie de desventajas (en cuestiones, por ejemplo, de derechos laborales), tiene mayores posibilidades de desconexión de la empresa tras su jornada laboral (por muchas horas extras que eche). Sin embargo, el grado de responsabilidad del empresario hace que éste se autoesclavice a la empresa, que no pueda desconectar de ella, y que pierda con ello, y de forma general, su equilibrio vital (con familia, amigos, ocio, participación en los asuntos de la polis, etc.). Una transición a cooperativa, en el que el conjunto de trabajadores cooperativistas (previamente trabajadores asalariados) dieran uno o varios pasos adelante en cuestiones de responsabilidad, y que el antiguo empresario, ahora ya cooperativista, diera uno o varios pasos atrás, garantizaría no sólo una mayor protección laboral de los antiguos asalariados, sino también una mayor calidad de vida del antiguo empresario. Y sí, lo más probable es que ese antiguo empresario, actualmente cooperativista, ganara algo menos de dinero, pero seguramente disfrutaría de mayor tiempo disponible, de la posibilidad de desconexión real, de mayor equilibrio vital y, en definitiva, de mayor bienestar.

Por otro lado, en el nuevo modelo económico, a todos los autónomos y microempresas se les animaría igualmente a que avanzaran hacia un modelo de empresa que, además por supuesto de las cuestiones laborales, sociales y de género, introdujera también en su seno la idea tanto de mayor democracia interna como de sostenibilidad de los ecosistemas. En este sentido, y como se señalaba en el punto del cooperativismo, hay que poner en valor que algunas empresas capitalistas de emprendimiento social ya han comenzado ese camino y están introduciendo el elemento de la sostenibilidad como elemento destacado de su proceso de producción.

Por último, se ha de destacar que esta concepción de la propiedad ha sido defendida no sólo por pensadores republicanos, sino también, en la etapa contemporánea, por un liberal social como John Rawls. Como superación del capitalismo bienestarista, Rawls apuesta por lo que él denomina una “democracia de propietarios” en la que se asegure, entre otras cosas, “la propiedad generalizada de los bienes productivos”.

5. Consumidores conscientes y organizados

Los primeros cuatro elementos señalados del nuevo modelo económico ponen el acento principalmente en el modelo de producción. Sin embargo, y para garantizar el bien común y abordar suficientemente los grandes retos de nuestro tiempo, es también fundamental transformar el modelo de consumo y poner en valor nuestro importante papel como consumidores.

Esta transformación del modelo de consumo tendría, al menos, dos elementos principales: en primer lugar, la defensa de un consumo consciente; y en segundo lugar, la defensa de un consumo organizado.

En primer lugar, y frente al consumismo salvaje, por consumo consciente se hace referencia a un modelo de consumo que tendría, al menos, cuatro características principales: por un lado, es fundamental distinguir entre necesidades y deseos. Por otro, el consumo de bienes y servicios debe estar más orientado a la satisfacción de necesidades que a la de deseos. Igualmente, el consumo de esos bienes y servicios debe realizarse desde la moderación para no agravar la crisis ecológica. Por último, dicho consumo ha de llevarse a cabo en el mayor grado posible en las empresas del nuevo modelo económico, fomentando así también con ello el apoyo mutuo entre consumidores y productores.

En segundo lugar, y además de un consumo consciente individual, es fundamental fomentar un consumo organizado. Por un lado, un consumo organizado en asociaciones de consumidores a través de las cuales se defiendan nuestros derechos como consumidores (ej. OCU o FACUA). Por otro, un consumo organizado en cooperativas de consumidores, como pueden ser los casos de éxito de Park Slope Food Coop en Nueva York (supermercado cooperativo que está siendo replicado en Madrid por La Osa y Supercoop) o de Som Energia (cooperativa de energías renovables) en España. Y por último, e igualmente, un consumo organizado en cooperativas integrales formadas tanto por empresas como por consumidores, de manera tal que los consumidores apoyan a las empresas de la cooperativa, realizan un consumo consciente y, a su vez, reciben un descuento en su consumo por formar parte de la cooperativa; aquí cabría destacar, por ejemplo, el caso del Mercado Social de Madrid.

B. El nuevo modelo económico en la práctica

Una vez observado el conjunto de principales elementos del nuevo modelo económico, y antes de pasar a presentar una propuesta de estrategia, se considera oportuno exponer cuál es el desarrollo práctico hasta ahora de los diferentes elementos señalados, así como sus principales cifras.

En primer lugar, y en relación con el desarrollo práctico del nuevo modelo económico, se ha de enfatizar que, si bien este modelo no ha sido en su conjunto previamente puesto en marcha, algunos de sus elementos sí han sido desarrollados de forma separada en grados sustanciales: se han desarrollado Estados de Bienestar de alta calidad en el norte de Europa (véase, por ejemplo, la Suecia de Olof Palme); se han desarrollado grandes experiencias cooperativas, como es el caso de Mondragón (fundado por José María Arizmendiarrieta) en el País Vasco o de El Hogar Obrero (fundado por el ya mencionado Juan B. Justo) en Argentina; se ha desarrollado, como se observará a continuación, un amplio tejido empresarial de autónomos y microempresas; y se han desarrollado numerosas experiencias exitosas de consumo organizado, como ya fue de hecho el caso de la primera cooperativa de la historia, la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. De esta forma, los dos retos principales en este sentido serían: por un lado, lograr que nuestro sistema de producción y consumo fuera sostenible con los ecosistemas a la vez que se mantienen unos grados suficientes de calidad de vida para el conjunto de la humanidad; y, por otro, articular de forma dinámica y virtuosa los cinco elementos del nuevo modelo económico.

En segundo lugar, los componentes del nuevo modelo económico podrían representar actualmente, con carácter orientativo, unas 9.537.000 personas trabajadoras. Teniendo en cuenta que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2020, había 19.344.000 trabajadores activos en ese momento, los 9.537.000 representan alrededor del 50% de la fuerza laboral total en España (concretamente, el 49,3%). Los elementos que darían esta cifra de trabajadores y trabajadoras son:

· En relación con la mencionada Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2020 había 3.379.000 empleados en el sector público.

· En el informe de diciembre de 2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se señalaba que en ese momento había en España 1.588.000 autónomos sin asalariados y 3.370.000 empleados en microempresas.

· Según los datos del CIRIEC (Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública, social y cooperativa), en 2014-2015 había en España 1.358.000 personas trabajando en las organizaciones del cooperativismo entendido en sentido amplio [7]. Y, según uno de los últimos informes de CEPES, únicamente alrededor del 20% de las empresas del cooperativismo serían microempresas, siendo pues el 80% pequeñas, medianas y grandes empresas. De esta manera, y a nivel orientativo, se podría decir que habría, al menos, alrededor de 1.200.000 personas trabajando en pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter cooperativo.

De esta forma, las unidades de producción del nuevo modelo económico representarían ya en estos momentos el 50% de la fuerza laboral en España y, el otro 50%, estaría representado pues por las pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter capitalista. Todo ello, además, sin tener en cuenta el empleo generado por contratas y subvenciones públicas en las pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter capitalista.

Por su parte, merece ser también destacado el elemento del tejido empresarial respecto al número de empresas. De las 2.888.000 empresas que había en España en diciembre de 2020 (según los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el informe previamente señalado), 1.588.000 son autónomos sin asalariados y 1.119.215 son microempresas. De esta forma, y sin ni siquiera contar las pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter cooperativista, el nuevo modelo económico representaría, al menos, el 93,89% de todo el tejido empresarial en España. Sumando a las pequeñas, medianas y grandes empresas del cooperativismo, se podría llegar, probablemente, al 95%.

Igualmente, y tras observar estas cifras, se ha de poner así en valor la existencia de una variedad de unidades a la hora de producir bienes y servicios en el nuevo modelo económico. Como señala Nove, «en mi opinión, es posible y deseable tener varias» tipologías de unidades de producción, ya que cada una se ajusta más a cada necesidad y circunstancia. Así, el nuevo modelo económico se basaría principalmente, como se ha observado, en una variedad compuesta por sector público no mercantil, empresas públicas, empresas socializadas, cooperativas (de trabajo asociado, de consumidores, integrales, etc.), autónomos y microempresas.

Por último, el nuevo modelo económico presentado, si bien podría llegar potencialmente a englobar ya en estos momentos a 9 millones de trabajadores y trabajadoras en España, tiene también la aspiración de llegar al conjunto de la población: en primer lugar, a todas aquellas personas empresarias y asalariadas de los 9 millones de empresarios y asalariados de pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter capitalista, que deseen tanto mejorar sus condiciones laborales como vitales; en segundo lugar, a los más de 3,5 millones de parados (muchos de ellos jóvenes) que buscan un trabajo estable y de calidad; y por último, a los 6 millones de jubilados que quieren ver aseguradas sus pensiones en un Estado de Bienestar y que son conscientes de que, sin empleo de calidad en el ámbito privado, y sin empresas que coticen en España y no en paraísos fiscales, los recursos serán insuficientes para pagarlas.

II. UNA BREVE PROPUESTA DE ESTRATEGIA

La propuesta de estrategia para llevar a cabo el nuevo modelo económico se presenta en cinco pasos.

En primer lugar, la izquierda lleva durante las últimas décadas apostando por un pensamiento y acción principalmente en las esferas política (a través de los partidos políticos), social (a través de los movimientos sociales) y sindical (a través de los sindicatos). Sin embargo, y si bien estas tres esferas son condición necesaria para lograr abordar los retos de nuestro tiempo, no son, como se viene ya observando durante décadas, condición suficiente. Como bien señalaba Jean Jaurès: “el proletariado debe actuar y combatir como miembro del sindicato [(esfera sindical)], como ciudadano [(esfera política)], como cooperador [(esfera económica)]. Cooperación, socialismo, sindicalismo son tres fuerzas distintas y autónomas, pero solidarias. El descenso de una hace descender las otras. La exaltación de una exalta a las otras. Y cualquiera de ellas moriría por una pretensión de exclusividad. Retomando la fórmula reciente de Jouhaux, yo diría: ‘Cada una de estas tres fuerzas se basta a sí misma, pero sólo todas ellas juntas bastarán para todo’”. De esta forma, es necesario incorporar a dicho pensamiento y acción la esfera económica a través de los actores señalados a lo largo del artículo: funcionarios, cooperativismo, autónomos, microempresas, y consumidores. Sólo pues, en nuestros días, el conjunto de pensamiento y acción en la esfera política, social, sindical y económica logrará abordar suficientemente los grandes retos de nuestro tiempo.

En segundo lugar, sin embargo, y teniendo en cuenta que durante décadas se ha prácticamente abandonado el pensamiento y la acción económica sistémica por parte de la izquierda, y el capitalismo ha arrasado por goleada en esta esfera, en la actualidad, donde más necesario es introducir sustanciales y renovadas fuerzas, es en la esfera económica.

En tercer lugar, y no obstante, dentro de la esfera económica cabe tener dudas de que sea de los funcionarios, de los autónomos, de los empresarios y de los trabajadores de las microempresas, de los consumidores conscientes no organizados, de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, o incluso de los sindicatos (quienes tendrían una pata en la esfera sindical y otra en la económica), de donde provenga el inicio del movimiento real para el pensamiento y acción renovado en la esfera económica. Sin embargo, y como bien veía Mario Bunge, sí parecería ser el cooperativismo el actor estratégico por el que, al menos inicialmente, podría comenzar ese pensamiento y acción renovado. Como señala Bunge: “el camino puramente parlamentario hacia la reforma social radical […] está bloqueado a causa de que se supone que los Parlamentos legalmente deben regirse por la ley vigente, la cual favorece a los privilegiados. Hay, sin embargo, una vía de salida posible: combinar las cooperativas con el activismo político: vale decir, multiplicar el número de firmas cooperativas, reforzar la cooperación entre ellas y luchar para que la legislación las proteja. En otras palabras, es concebible que una sociedad más justa pueda emerger de la conjunción de las empresas cooperativas y el debate democrático”.

Además, se ha de poner en valor que John Stuart Mill considera el cooperativismo como una de las principales estrategias de reformismo sustancial y permanente de la sociedad. Como él mismo señala: «eventualmente y quizás en un futuro menos remoto de lo que se piensa, tal vez encontremos a través del principio cooperativo el camino para un cambio en la sociedad que combine la libertad y la independencia del individuo, con las ventajas morales, intelectuales y económicas de la producción colectiva, y que, sin violencia ni expoliación, e incluso sin ninguna perturbación súbita de las costumbres y las expectativas actuales, realice, al menos en la época industrial, las mejores aspiraciones del espíritu democrático, poniendo término a la división de la sociedad en personas activas y personas ociosas, y que borre todas las distinciones sociales, excepto las que se ganen por el trabajo».

En cuarto lugar, y no obstante, se ha de enfatizar también que, al menos para el momento de impulso inicial del nuevo modelo económico, parecería ser necesario distinguir entre diferentes comprensiones del cooperativismo. Hace unos meses Ivan Miró hacía referencia en Alternativas Económicas a un debate que se produjo, en la primera mitad del siglo XX, y en el seno del cooperativismo, entre George Fauquet y Charles Gide: “mientras que Fauquet reducía el ‘sector cooperativo’ a una porción de la economía nacional, Gide defendía el consumo autoorganizado y la federación de cooperativas para democratizar el conjunto de la economía”. Es decir, existe y ha existido siempre un cooperativismo que no tiene una aspiración vital de transformación y mejora del conjunto de la sociedad, sino principalmente de su realidad más cercana; éste se encontraría más cercano a la mirada de la economía social. Pero también existe y ha existido siempre un cooperativismo que tiene esa aspiración vital de, no sólo transformar y mejorar su realidad más cercana, sino también de transformar y mejorar el conjunto de la sociedad; éste se encontraría más cercano a la mirada de la economía solidaria. Por este motivo, lo que se necesita en los momentos iniciales de impulso del nuevo modelo económico es el cooperativismo entendido desde la mirada de la economía solidaria.

Y en quinto y último lugar, en estos momentos, el cooperativismo de la economía social estaría representado, en España, por CEPES. Por su parte, el cooperativismo que sigue buscando la transformación social, es decir, el cooperativismo entendido desde la mirada de la economía solidaria, estaría representado de forma destacada tanto por los Mercados Sociales repartidos a lo largo y ancho de la península, como por el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. De esta forma, serían pues los Mercados Sociales, sus entidades, las personas trabajadoras de sus entidades, sus personas socias consumidoras, sus equipos técnicos y sus Consejos Rectores quienes representarían la punta de lanza para, al menos, iniciar el movimiento que vaya arrastrando y sumando progresivamente al conjunto de actores necesarios para lograr desarrollar el nuevo modelo económico.

En definitiva, y como conclusión, lo que se ha presentado en el presente artículo ha sido meramente una propuesta de un nuevo modelo económico que, ante los grandes retos de nuestro tiempo, y desde un reformismo sustancial y permanente, busca construir un modelo de producción y consumo que respete los derechos humanos, el bienestar animal, la viabilidad de la comunidad política, la sostenibilidad de los ecosistemas y, en definitiva, el bien común de la sociedad. Y también, y no menos importante, se ha realizado una breve propuesta de estrategia que, en primer lugar, defiende que la izquierda debe considerar el pensamiento y la acción en la esfera económica como estrategia clave a la hora de abordar los grandes retos de nuestro tiempo; y que, en segundo lugar, considera al cooperativismo, y de forma particular a los Mercados Sociales, como el actor principal a la hora de iniciar el movimiento para construir el nuevo modelo económico.

¡Seguimos!

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[0] La imagen que encabeza el presente artículo corresponde al primer encuentro internacional preparatorio del FSMET 2020 que tuvo lugar en la Universidad de Barcelona entre el 5 y el 7 de abril de 2019. Se puede ver un vídeo resumen de dicho encuentro preparatorio, aquí.
[1] Luis Esteban Rubio trabaja en la línea de economía social y solidaria de Ecooo, desde la cual colabora con el equipo técnico del Mercado Social de Madrid, forma parte del Consejo Rector de dicho Mercado, y co-coordina la Escuela de Activismo Económico. Es doctorando en filosofía del Derecho por la UC3M y antiguo coordinador general de EcoPolítica (2014-2018).
[2] La idea de bien común de la sociedad sería así el concepto que representaría y traduciría en el ámbito político la idea de ética pública universal.
[3] En una segunda versión del presente artículo se incorporará un análisis detallado de esta cuestión. Se expondrán, por un lado, las características de cada uno de los cinco modelos económicos señalados y, por otro, el por qué dichas características hacen que cada uno de los modelos, en diferentes grados, sea insuficiente como respuesta a los retos de nuestro tiempo.
[4] Para un análisis de la propuesta de Schweickart, se recomienda la tesis de Carmen Madorrán dirigida por Jorge Riechmann.
[5] El Instituto Sindical Europeo es el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), la mayor organización sindical de representación de los trabajadores a nivel europeo.
[6] Juan B. Justo fue el fundador y “gran dirigente” del Partido Socialista de Argentina, en palabras de Antoni Domènech, quien además lo califica como una persona “brillante”. Igualmente, y como apunta el mismo Domènech, Justo fue “amigo personal de Jaurès” y difundió ampliamente las ideas de éste en el Partido Socialista de Argentina; a diferencia de lo sucedido en España donde, según el mismo Domènech, no hubo “ni rastro de Jean Jaurès en el partido fundado por Pablo Iglesias”, ya que el PSOE se encontraba en ese momento más cercano al SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania).
[7] Si bien las cifras son de hace unos años, la información del CIRIEC es de la más fiables y, para una aproximación general, que es lo que se busca en este caso, se considera suficiente.