Published on agosto 11th, 2009 | by EcoPolítica

El reto de la ciudadanía ante la crisis ecológica

Por Ángel Valencia Sáiz

Artículo publicado en PAPELES DE RELACIONES SOCIALES Y CAMBIO GLOBAL, Nº 105, Primavera 2009, pp. 25-37

Resumen: El siglo XXI será el del medio ambiente o no será. En los países ricos debe darse un ligero decrecimiento económico que sea socialmente sostenible. La teoría política verde reciente ha contribuido con la idea de que la ciudadanía constituye una clave fundamental de la sostenibilidad a través de la noción de ciudadanía ecológica. Esta implica una toma de conciencia que determina buenas prácticas medioambientales. A diferencia de otras nociones de ciudadanía,la ecológica no se basa tanto en los derechos como en las obligaciones; en su ámbito de actuación es tan importante la esfera de lo privado, como la de lo público; y se dirige a un sujeto que va más allá del Estado-nación, siendo por ello una suerte de ciudadanía global o cosmopolita.

I. Introducción

El siglo XXI será el del medio ambiente o no será. Los problemas ecológicos de nuestro tiempo no se juegan ya, única y exclusivamente, en el escenario estatal sino en el internacional. Como afirmó hace algún tiempo Peter Singer, “no hay ilustración más clara de que los seres humanos actúen globalmente que los problemas planteados por el impacto de la actividad humana sobre nuestra atmósfera” [1]. El cambio climático o calentamiento global se ha convertido en el gran problema ecológico global de nuestro tiempo desde que la comunidad científica reconociera los resultados del Panel Inter gubernamental sobre Cambio Climático de la ONU y su presidente, Rajendra Pachauri, fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007. En este caso, la ciencia y el ecologismo político obtuvieron la inestimable ayuda de de Al Gore con su documental Una verdad incómoda [2] De hecho, todos los grandes problemas ecológicos que nos afectan (aire limpio, agua limpia, tierra y bosques sanos y biodiversidad) exigen soluciones políticas también globales. Paradójicamente, hay una falta de voluntad política de los Estados para contribuir a resolverlos y su mejor expresión ha sido la política medioambiental norteamericana durante la presidencia de Bush. Sin embargo, a la crisis ecológica se une ahora la reciente crisis económica mundial. Una vez más, la urgencia de la economía puede hacernos olvidar la gravedad de la situación del medio ambiente, la prioridad del crecimiento económico en detrimento del desarrollo sostenible. Así, uno de los dilemas del presente es si la crisis económica constituirá un obstáculo o una oportunidad para alcanzar una sociedad sostenible.

En mi opinión, hay que pensar en fórmulas inteligentes que impliquen una oportunidad para abordar simultáneamente la crisis económica y ecológica que padecemos. Joan Martínez Alier, una de las voces de mayor prestigio nacional e internacional de la economía ecológica, afirma acertadamente que “parece aconsejable un keynesianismo verde que aumente la inversión pública en conservación de energía, en instalaciones fotovoltaicas, en transporte público urbano y rehabilitación de viviendas, en agricultura orgánica. Pero no lo parece continuar en la fe del crecimiento económico. En los países ricos debe darse un ligero decrecimiento económico que sea socialmente sostenible” [3]. Esto implica, por un lado, que la economía decrezca en términos materiales y de consumo energético y, por otro, una oportunidad para cambiar nuestro modo de vida. Un keynesianismo verde acompañado de un decrecimiento sostenible puede ser una salida de la crisis económica que conduzca hacia una sociedad más sostenible. Hay síntomas de ese keynesianismo verde en las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente de EEUU, Barack Obama [4] al impulsar una “economía de la energía” que implica como principales medidas, por un lado, una apuesta por las energías renovables y, por otro, una norma de limitación del consumo de gasolina y de reducción de emisiones aplicable a los nuevos modelos de automóviles para el 2011. La idea es crear un nuevo motor económico que cree empleo y luchar contra el cambio climático, del que también se espera un giro profundo de la política internacional norteamericana anterior a través de una “coalición climática” que implique la ratificación del Tratado de Kioto no sólo por EEUU sino también de China y la India.

Sin embargo, ¿qué instrumentos tenemos para cambiar nuestro modo de vida de una manera acorde con ese decrecimiento sostenible? La clave está en el papel que jueguen los ciudadanos y cómo se traduzca la conciencia medioambiental en hábitos y conductas que impulsen esa sociedad sostenible. Si la economía ecológica aporta la idea de decrecimiento sostenible, la teoría política verde reciente ha contribuido con la idea de quela ciudadanía constituye una clave fundamental de la sostenibilidad a través de la noción de ciudadanía ecológica. El reto de la ciudadanía ante la crisis ecológica es en estos momentos fundamental porque, por un lado, es el eje de una cultura sostenible y de una conciencia medioambiental, y, por otro, porque es la base de un cambio de hábitos y prácticas, es decir, de un cambio en el modo de vida hacia una sociedad verde. Así, la ciudadanía se convierte en uno de los ejes de la transformación social necesaria para combatir los problemas económicos y ecológicos que padecemos.

De este modo, el objeto de este artículo lo proporciona la noción de ciudadanía ecológica, a la vista de su capacidad para explicarla relación entre ciudadanía y medio ambiente, que por definición se sitúa en el centro de una sociedad sostenible –y del camino hacia ella. Porque la sostenibilidad no es un concepto abstracto, ni tan siquiera sólo un conjunto de valores que cristalizan en la conciencia ambiental de los ciudadanos, sino que debe encarnarse forzosamente en prácticas y hábitos que la realicen materialmente. Y en consecuencia, la expresión del grado de sostenibilidad de una sociedad viene dada por una conciencia ambiental que encuentra correspondencia en el comportamiento ciudadano, antes que por una mayor participación política o una extensión de derechos. Así, la ciudadanía ecológica puede ser vista como una expresión de la teoría política verdeal reto que tiene hoy la ciudadanía frente a la crisis ecológica.

I. La relación entre ciudadanía y medio ambiente

La cuestión es la siguiente: ¿cuál es el papel de la ciudadanía en la consecución de una sociedad sostenible? En este terreno, eso supone una toma de conciencia que determina buenas prácticas medioambientales. Desde luego, no podemos olvidar que para la políticaverde, como para cualquier otra, el buen funcionamiento de las instituciones y las normas emanadas por ellas es fundamental para su concepción de la democracia; así, el avance de los derechos y de las políticas medioambientales resulta también imprescindible. Sin embargo, la defensa del medio ambiente –como ocurre con las políticas sociales o con la garantía de los derechos individuales– no puede desarrollarse sin la colaboración activa de los ciudadanos, es decir, sin referencia a la virtud cívica de los mismos. Esto implica un trabajo en dos direcciones complementarias. Por un lado, una mayor participación política de la ciudadanía y, por otro, una actitud de los ciudadanos que subordine sus intereses particulares a los bienes compartidos. Igualmente, si construir la sociedad sostenible requiere buenos ciudadanos, la formación de los mismos a través de la educación ambiental se convierte en una parte importante de la educación ciudadana democrática. En última instancia, si la relación entre ecologismo y civismo es fundamental para conseguir la sociedad sostenible, la idea de construir una ciudadaníaverdeparece plausible. Ahora bien, ¿hasta qué punto es una idea viable?

Durante los últimos años, la teoría política verde ha abierto una interesante línea de investigación en torno a la relación entre ciudadanía y medio ambiente, sobre la base de un concepto de ciudadanía propia y original, que en muchos aspectos rompe con las tradiciones liberal y republicana. En términos teóricos, la ciudadaníaecológica participa de una arquitectura conceptual similar a la de otros conceptos de ciudadanía. No obstante, representa un punto de ruptura significativo en, al menos, tres aspectos fundamentales: se trata de una noción basada no tanto en derechos, como en obligaciones; en el
ámbito de su ejercicio es tan importante la esfera de lo privado, como la de lo público; y se dirige a un sujeto que va más allá del Estado-nación, siendo por ello una suerte de ciudadaníaglobal o cosmopolita. Enseguida volveremos sobre estas señas de identidad de la ciudadanía ecológica. A su vez, estos novedosos elementos conectan inevitablemente la noción de ciudadanía con la educación cívica. Podemos, a partir de aquí destacar dos posiciones principales. Por un lado, nos encontramos con quienes sostienen que la ciudadaníaecológica es una virtudcívica ejercitadaen el marco de un concepto de democracia deliberativa, a través de la cual se debe de articular el cambio cultural que conduzca a cambios profundos en nuestros hábitos de consumo y vida cotidiana, como medio de realización de la sociedad sostenible. Y por otro, quienes defienden que esta noción es una nueva forma de ciudadanía dentro de la teoría de la ciudadanía contemporánea, que
hace necesaria la vertebración de los valores medioambientales en el sistema educativo y el sistema social en general. En ambos casos, la dimensión de las obligaciones y la responsabilidad personal, características de este concepto, sitúan en el centro su relación con la virtud y la educación cívicas.

II. Ciudadanía global y responsabilidad colectiva

Hemos asistido, durante los últimos años, a la irresistible ascensión de la ciudadanía en la teoría y la práctica políticas contemporáneas, principalmente a causa del cambio que experimenta el Estado-nación en las sociedades occidentales, a su vez debido a un conjunto de procesos de cambio social que vienen a reforzar la dimensión internacional de política. Todo indica que la democracia del futuro estará marcada por una internacionalización de la política que exigirá profundas correcciones en la estructura de poder y las instituciones de nuestros sistemas democráticos. En última instancia, lo decisivo es la constatación de una transformación de la comunidad política que no puede confinarse a los viejos límites del Estado-nación como consecuencia de la globalización y, por tanto, la necesidad de crear nuevas fórmulas políticas para abordar problemas políticos globales.

Naturalmente, todo esto ha afectado a la política verde. No en vano, el nuevo énfasis sobre la necesidad de adoptar decisiones internacionales para resolver los problemas medioambientales ha terminado por afectar a los enfoques tradicionales de la ciudadanía [5]. Es así plausible que las nociones de ciudadanía surgidas del pensamiento verde constituyen un desarrollo más del concepto más amplio de ciudadanía global. Y ello, a causa tanto del carácter global de la degradación ecológica, como de la estrategia internacional adoptada por algunos grupos medioambientales para llevar a cabo sus objetivos. A lo que habría que añadir una teoría de la ciudadanía verde que se expresa mediante conceptos como ciudadanía de la tierra [6] o ciudadanía ecológica [7]. La política verde procede así a una reevaluación de la teoría de la ciudadanía, donde, como ha subrayado April Carter, el énfasis recae sobre unas obligaciones ciudadanas que se proyectan sobre las generaciones futuras, otras especies y el propio planeta [8]. Por consiguiente, el fundamento de este pensamiento es por la creación de una ética del cuidado natural que no conoce fronteras nacionales.

Otros análisis han puesto de manifiesto, por su parte, un aspecto interesante del concepto de ciudadanía ecológica, a saber, la relación entre responsabilidad colectiva y la teoría de la ciudadanía [9]. Su punto de partida no es otro que la crítica a las definiciones meramente formalesde ciudadanía, basadas exclusivamente en un modelo de derechos ciudadanos e ignorando la cualidad multinivel del concepto de ciudadanía, que incluye cuatro dimensiones: derechos, responsabilidades, participación, identidad. Sin embargo, lo verdaderamente importante aquí es que el ecologismo pone el acento sobre las obligaciones o responsabilidades asociadas al estatuto de ciudadano. Es decir, “una noción de responsabilidad colectiva que se deriva de la idea de que si la naturaleza tiene derechos y el concepto de responsabilidad no se agota en las obligaciones del Estado, podemos sostener que tenemos obligaciones tanto hacia la naturaleza como hacia la sociedad” [(10]. Esta concepción de la ciudadanía tiene su fundamento en una concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, de donde deben de deducirse una serie de criterios que regulen la responsabilidad colectiva de los seres humanos frente a ella y garanticen su cumplimento más allá de las obligaciones públicas. La idea de responsabilidad colectiva no se agota en el Estado, sino que va más allá, reflejando así también la condición global de los problemas medioambientales y la acción transnacional del movimiento verde. Esto determina que uno de los ejes fundamentales de futuro de la reflexión del pensamiento político verde en esta materia sea la de conseguir un punto de equilibrio entre la reivindicación de los derechos medioambientales y la justificación de la idea de responsabilidad colectiva. Si es importante sostener que la naturaleza es portadora de una serie de derechos, no lo es menos reflexionar sobre aquellos criterios de responsabilidad colectiva de los seres humanos que sirvan para garantizar derechos sobre el mundo no humano y las generaciones futuras. En este sentido, el concepto de ciudadanía ecológica, que recoge aportaciones y nociones de la última década, puede ser interesante para la crisis ecológica, porque puede ser el principio de articulación de la comunidad política que justifique nuestra responsabilidad ante la naturaleza.

III. Ciudadanía ecológica, virtud cívica y democracia deliberativa

El interés por el concepto de ciudadanía y su relación con el medio ambiente es relativamente reciente en la teoría política verde. De hecho, podemos distinguir una primera ola, desde finales de los ochenta hasta principios de los noventa, orientada hacia los aspectos político-ideológicos del ecologismo, y una segunda ola, que abarca desde mediados de los noventa hasta hoy, centrada en la relación del ecologismo con temas y conceptos de la teoría política tales como democracia, justicia y ciudadanía.11Situado, pues, dentro de este último desplazamiento temático, el debate sobre la ciudadanía plantea, por un lado, los problemas de este concepto liberal en relación con las cuestiones ecológicas y, por otro, la elaboración de una teoría de la ciudadanía compatible con los principios teóricos del ecologismo.

De este modo, desde una perspectiva interna de la evolución de la teoría política del ecologismo, se trata de una controversia, que forma parte de un acercamiento entre los principios del liberalismo y del ecologismo, en la que la teoría política verde lleva a cabo una revisión de las instituciones y principios de la democracia liberal simultáneamente crítica y reconstructiva, sentando con ello las bases de una democracia verde que pretende trascender a la liberal, si bien no es seguro que ello sea necesario, probado que la democracia liberal es capaz de acercarse al ecologismo [12]. En esta línea de argumentación, la reconstrucción del concepto de ciudadanía liberal hacia una ciudadanía ecológica hace hincapié en las responsabilidades y obligaciones del ciudadano en el marco de la sociedad sostenible y respecto a los colectivos subrepresentados, así como su papel socializador de ciudadanos ecológicamente conscientes. Se trataría, pues, de una ciudadanía activa que debe ir de la mano de una ampliación de la participación política [13].

En síntesis, se viene hablando desde mediados de la década de los noventa de la ciudadanía ecológica como una noción que pretende contribuir a la formulación del proyecto ecologista desde una perspectiva que asume temas como las circunscripciones medioambientales, las generaciones futuras y la transformación de los conceptos de participación y
representación políticas en el marco de construcción de un modelo democrático diferente. Así, la reflexión en torno a la ciudadanía dentro del debate entre ecologismo y democracia constituye un elemento fundamental de apoyo en la construcción de un modelo democrático verde.

De hecho, el principal problema que presentaba la elaboración de un concepto de ciudadanía propio de la teoría política verde era la contingencia del vínculo entre ecologismo y democracia. ¿A qué se debe esta tensión? En primer lugar, a la potencial incompatibilidad entre democracia y naturaleza, cuando se pretende que aquella derive normativamente de esta; en segundo lugar, al conocido hecho de que si la política verde enfatiza los resultados sobre los procedimientos, su defensa de la democracia resulta débil en el ámbito de los principios, a pesar de su apuesta por formas de democracia participativa o radical. No obstante, la teoría política verde ha venido a desmentir últimamente esta segunda aserción, al desarrollar serios intentos de fundamentación de un concepto de democracia verde, que no sólo atiende a su relación con los principios de la democracia liberal, sino también a la problemática de los derechos de protección del medio ambiente y a la noción
de ciudadanía.

En este contexto, la paradoja a la que se enfrentaba la construcción de un modelo democrático verde era la postulación de una visión de la democracia participativa y alternativa a los principios de la democracia liberal que asumiera los principios ecológicos y, al mismo tiempo, utilizara como marco de referencia los principios e instituciones de la democracia liberal. Desde esta perspectiva, el concepto de ciudadanía se percibía como una de las carenciasde la democracia liberal en materia ecológica, algo que se expresaba sobre todo en una crítica a la insuficiencia teórica e institucional de la participación y representación políticas. Y este es el telón de fondo que nos permite comprender mejor formulaciones como la debida a Peter Christoff, quien defiende una ciudadanía ecológica entendida como respuesta a la subrepresentación de los ciudadanos en materia medioambiental [14].

Esta subrepresentación traería causa de una concepción de la representación política que circunscribe la comunidad política al ámbito del Estado-nación y que, por tanto, no representa debidamente ni los intereses medioambientales ni los intereses de los que no son ciudadanos nacionales de la misma; y por otro, porque tanto la representación como la participación políticas de los intereses ecológicos dependen de la persuasión política que puedan ejercer los partidos políticos dentro de la competición electoral. Así pues, la incidencia de los intereses ecológicos y nuestra responsabilidad ante la naturaleza determina una dislocación de nuestras ideas de ciudadanía, participación y representación políticas.

La idea es revisar estos conceptos y posibilitar reformas institucionales. Y la ciudadanía juega un papel clave en esta ampliación de la comunidad política y de bienestar ecológico. “En parte, busca hacer presión para el reconocimiento de los seres humanos no ciudadanos(en un sentido territorial y jurídico) en la toma de decisiones. También promueve la incorporación y consideración fundamental de intereses de otras especies y de las generaciones futuras dentro del proceso democrático. Esto supone cambios que amplían los límites de la ciudadanía política existente más allá de las nociones de Estado-nación y comunidad nacional que han determinado la ciudadanía formal” [15] Sin embargo, en este punto, se trasluce una cierta ambigüedad: no está claro si este concepto implica una reorientación, una ruptura o incluso si es posible dentro del propio sistema liberal-capitalista. Estas tres posiciones compiten en el interior del movimiento ecologista y quizá tal ambigüedad sea un reflejo de esas divergencias estratégicas. En todo caso, la ciudadanía ecológica está llamada a reforzar los llamamientos verdes a una mayor participación política, responsable y ecológicamente sensible, en el marco de una comunidad que reconoce las diferencias y asume sus responsabilidades morales y políticas con los colectivos subrepresentados.

En esta línea se sitúa el pensamiento de John Barry, para quien la ciudadanía está llamada a ser un elemento central del modelo democrático verde [16]. A su juicio, la ciudadanía no es sólo una institución de inclusión, sino también de implicación, dentro de una visión normativa de la democracia que debe ir más allá de las reformas institucionales de nuestros sistemas democráticos para conocer experiencias de aplicación práctica. La ciudadanía se concibe entonces “como una forma de aprendizaje social que gira alrededor de una visión de la democracia como proceso comunicativo. Esto es, un aprendizaje acompañado de prácticas como las experiencias participativas […] que pueden ser contempladas como formas de aprendizaje y adaptación que transforman ecológicamente las condiciones socioeconómicas, además de reestructurar ecológicamente el Estado y la economía” [17]. Este modo de concebir la ciudadanía ecológica acarrea idealmente varias consecuencias. De una parte, la internalización de los intereses de la comunidad natural, las futuras generaciones y los extranjeros; para que esto sea posible, asimismo, las preferencias individuales deben ser el resultado de la deliberación democrática. Y eso significa que está asociada a un modelo democrático deliberativo compatible con el modelo representativo. Ni la teoría ni la práctica de la democracia verde exigen así, finalmente, una democracia directa –esto es, se repara en el hecho de que los problemas de la democracia no se resuelven necesariamente con más democracia. Al basarse en la responsabilidad individual de los ciudadanos hacia la sostenibilidad, la ciudadanía se entiende como una virtud cívica. Hablar de virtud cívica en este contexto significa considerar los intereses de todos y abrirse a la deliberación pública. El ciudadano tiene la obligación de aportar individualmente algoal fin colectivo de la sociedad sostenible.

Sin embargo, las obligaciones del ciudadano van más allá del sistema político y están más acá de la acción individual –circunstancia que se expresa en las actividades de reciclaje o ahorro de energía. Se hace así necesario fomentar una cultura de la sustentabilidad –o una biocultura– que sea la base de las actitudes verdes. En última instancia, esta concepción de la ciudadanía verde como virtud cívica debe de introducirse tanto en la conciencia como en la cultura política de los ciudadanos, dentro del marco de una democracia deliberativa capaz de conducir hacia la sostenibilidad. Este planteamiento teórico es el que determina el interés de nuestro autor hacia lo que se denomina LETS (Local Exchange Trading Systems), un sistema de intercambio de bienes y servicios de carácter informal que se originó en Canadá en 1983 y que a partir de entonces ha generado una serie de interpretaciones sociológicas e ideológicas diversas. Barry y Proops han analizado así las actitudes de los participantes en los LETS del Reino Unido. Y su análisis presenta dos conclusiones relevantes en torno a la relación entre ciudadanía y medio ambiente [18]. Por un lado, la constatación de una cierta desafección hacia el sistema democrático; por otro, un concepto de ciudadanía activa que contribuye a la responsabilidad comunitaria. De este modo, los LETS constituyen un marco de referencia empírico de esta concepción de la ciudadanía.

En síntesis, este tipo de formulaciones teóricas inciden en una visión de la ciudadanía ecológica como mecanismo de inclusión e implicación. Si, en el primer caso, subyace un esfuerzo teórico que intenta crear mecanismos institucionales de participación y representación políticas en relación a los intereses ecológicos, en el segundo el objetivo no es tanto la reforma institucional, como situar la ciudadanía en el corazón de una democracia deliberativa entendida como vehículo para la consecución de la sostenibilidad.

IV. ¿Hacia dónde va la ciudadanía ecológica?

En cualquier caso, la reflexión en torno a la ciudadanía ecológica está experimentando últimamente un nuevo giro. Si, hasta ahora, la noción de ciudadanía ecológica constituía un elemento más del entramado conceptual del modelo democrático verde, la cuestión pasa a ser hoy determinar si el ecologismo posee una noción propia de ciudadanía y –de ser así– en qué se diferencia de los planteamientos tradicionales y de otros modelos contemporáneos.

Desde este punto de vista, entonces, la ciudadanía ecológica sería una nueva forma de ciudadanía, que surge como resultado de la interacción entre las dimensiones clásicas de la ciudadanía y otros nuevos rasgos surgidos de la evolución histórica de la misma. Durante los últimos diez años, el debate ha seguido una dirección ahora discernible: hubo autores que rechazaron la posibilidad de sostener una noción así; hubo frustrados intentos de fundamentación, sobre todo por depender demasiado de los planteamientos de T. H. Marshally su hincapié en los derechos; algunas propuestas aisladas y originales; y finalmente, quienes tratan de desarrollar el concepto y dotarlo de un estatuto epistemológico [19] Estos últimos tratan de definir un espacio propio para la ciudadanía ecológica dentro de la teoría contemporánea de la ciudadanía. Para Alex Latta, esto no supone menos que la “llegada de una nueva era para este nuevo campo de investigación” [20]. Y algo así parece producirse, a la vista de los intensos debates surgidos al respecto [21] y del conjunto de trabajos recientes que reconocen esta nueva forma de ciudadanía profundizando en su análisis [22].

Sea como fuere, el planteamiento más interesante sigue siendo el de Andrew Dobson [23]. Su idea central es que la política verde participa de la arquitectura tradicional de la ciudadanía, pero constituye una noción novedosa e independiente gracias a su ruptura, en múltiples aspectos, con la misma. En palabras del autor: “la ciudadanía ecológica tiene como efecto global la desestabilización de las nociones establecidas de la ciudadanía […]. Se refiere más a obligaciones que a los derechos; que dichas obligaciones están dirigidas principalmente a desconocidos, distantes tanto en el tiempo como en el espacio; y que implican las virtudes del cuidado y de la compasión puestas en marcha tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. El reconocimiento de que la actividad propia de la ciudadanía ecológica se realiza en el ámbito privado es quizás, la contribución más peculiar al desarrollo de la ciudadanía […]. Desde el punto de vista de la ciudadanía ecológica, el ámbito privado no debería entenderse como una barrera para la ciudadanía, sino como un espacio donde esta se puede ejercer y donde las virtudes pueden ser aprendidas; en suma, como un trampolín hacia las esferas internacional e intergeneracional» [24]. Esto es, que si la ciudadanía ecológica rompe con las nociones tradicionales de ciudadanía es, principalmente, porque incide en las obligaciones, está dirigida a los desconocidos e implica virtudes de cuidado y de compasión que se ejercen –en el ámbito público y privado– en un contexto que trasciende al Estado-nación.

Este planteamiento, sin embargo, no ha dejado de suscitar críticas. Sobre todo, por proponer una noción más moral que política de las susodichas obligaciones, convirtiendo la ética del cuidadoen el justificante último de la ciudadanía ecológica; por desatender la esfera de los derechos; y por los problemas que plantea una concepción desterritorializada de la ciudadanía. Sólo la educación pública ambiental parece poder ayudar a lo primero, mientras que lo segundo podría resolverse mediante un condigno énfasis en los derechos ambientales de los ciudadanos, para mejor justificar sus obligaciones. Sea como fuere, el propio Andrew Dobson desarrolló ulteriormente su noción de ciudadanía ecológica, más concretamente considerándola como una forma de ciudadanía poscosmopolita. A su juicio, más que la moral, es la justiciaaquella virtud sobre la que descansa la ciudadanía ecológica, siendo las virtudes del cuidado y la compasión secundarias respecto a ella, aunque instrumentales en su plasmación práctica. No obstante, Dobson ofrece un criterio adicional para la caracterización de la ciudadanía ecológica, a saber, su distinción frente a la noción de ciudadanía medioambiental. ¿Qué las diferencia? Mientras la ciudadanía medioambiental intenta extender el discurso y la práctica de los derechos en el contexto medioambiental, la ciudadanía ecológica no incide en el ámbito de la responsabilidad contractual: su ejercicio es más privado que público, su espacio teórico es el de las virtudes, y su dimensión es no territorial. Ambas nociones son complementarias.

Sin embargo, más allá de la justificación teórica, Dobson nos ofrece algunas ideas acerca de cómo podría articularse políticamente esta forma de ciudadanía. En este sentido, son muy importantes las oportunidades que nos ofrece la enseñanza de la ciudadaníaecológica dentro del sistema educativo, si bien, reconoce, la experiencia vital es más eficaz a la hora de determinar cambios en los comportamientos. En última instancia, el trabajo de Dobson constituye un punto de partida para el desarrollo de esta noción más allá de un mero voluntarismo: de lo que se trata ahora es de abordar los obstáculos, económicos y políticos, para que la ciudadanía ecológica pueda encarnarse en la práctica. Este camino se ha iniciado ya y aparece apuntado en algunos de los trabajos contenidos en dos libros posteriores [25].

Podemos retomar así la pregunta inicial: ¿es posible una noción de ciudadanía en el ecologismo político? La respuesta es que sí. Sin embargo, como hemos visto, la teoría política verde ha respondido a la pregunta en dos direcciones distintas: incluyéndola en el proyecto democrático verde y en la propia teoría de la ciudadanía. En ambos casos, se trata de una noción que rompe con la arquitectura clásica de la teoría de la ciudadanía, dentro de un proceso de desarrollo en el que son fundamentales el cambio de la relación entre lo global y lo local y la internacionalización de la política contemporáneas. A su vez, la visión de la ciudadanía ecológica como una virtud cívicaseñala un camino en el que es decisivo el aprendizaje de los valores medioambientales para la construcción de la sociedad sostenible, porque el cambio cultural es la base de un modelo democrático deliberativo y verde. En el caso de la ciudadanía ecológica como ciudadanía poscosmopolitaconstituye un desarrollo mucho más sofisticado, pero que supone un punto de partida para el desarrollo de la artioculación política y económica de esta noción.

Es plausible considerar que una de las principales tareas de articulación política y social de la ciudadanía ecológica corresponde al terreno de la educación cívica, o lo que es igual, el aprendizaje de los valores medioambientales –tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación y, sin duda, en el ámbito privado. La educación debe potenciar el fin último de la sociedad sostenible. Un buen ejemplo sería Carlos Mougán [26] que parece caminar en esta dirección, cuando propone una teoría de la educación para una ciudadanía democrática y sitúa la virtud de la austeridad como una virtud compatible con la defensa de la sostenibilidad. A tal fin, sería conveniente dotar de más sustancia a la educación ambiental. Acaso tengamos así ciudadanos ecológicossi fomentamos programas, contenidos y asignaturas que impulsen los valores medioambientales en todos los niveles del sistema educativo, y también si se lleva a cabo una labor de información y difusión de los problemas medioambientales a través de un uso inteligente de los medios de comunicación.

Por último, aunque las buenas prácticas medioambientales se ejercen también en el ámbito de lo público, tienen su lugar privilegiado en ámbito de lo privado. Las prácticas de reciclaje, el consumo racional de agua, la utilización del transporte público o el uso racional del coche privado son, en el fondo, cambios en los comportamientos y hábitos individuales que luego tienen una dimensión pública si son seguidos por una gran mayoría de ciudadanos. En todos los casos, el propósito es impulsar una mayor conciencia medioambiental y una educación cívica medioambiental que valore la construcción de una sociedad sostenible como un fin políticamente relevante. La idea de ciudadanía ecológica constituye un tipo de ciudadanía ya sólida teóricamente; es el momento de crear fórmulas políticas que la conecten a la sociedad civil. La relación entre ciudadanía ecológica y educación cívica es un campo fundamental para fomentar el surgimiento de mejores ciudadanos, y un elemento decisivo para la consecución de una sociedad sostenible. Sin embargo, lo más interesante de la noción de ciudadanía ecológica es que constituye un pilar fundamental de la cultura de la sostenibilidad necesaria para abordar la crisis económica y ecológica del planeta. El reto de la ciudadanía del presente es convertirse en ciudadanos ecológicos, un desafío y una oportunidad para vivir en un mundo mejor.

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Notas

[0] Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga.
[1] Peter Singer, Un solo mundo. Ética de la globalización, Paidós, Barcelona, 2007, p. 27.
[2] El documental fue premiado con dos oscars en 2007 y ha tenido una gran repercusión mediática.Asimismo, su publicación en forma de libro tuvo un lanzamiento propio de un best seller. Véase, Al Gore, Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla,Gedisa, Barcelona, 2006.
[3] Joan Martínez Alier, “Decrecimiento sostenible”, Sur(suplemento Dinero y Empleo), 8 de febrero de 2009, p. 16.
[4] Véase, El País, 27 de enero de 2009, pp. 1-3.La sostenibilidad no es un concepto abstracto sino que debe encarnarse forzosamente en prácticas y hábitos que le realicen materialmente nº 105 2009
[5] April Carter, The Political Theory of Global Citizenship, Routledge, Londres, 2001, p. 5.
[6] Fred Steward, “Citizens of the Planet Earth”, en Geoff Andrews (ed.), Citizenship, Lawrence and Wishart, Londres, 1991.
[7] Andrew Dobson, “Ciudadanía ecológica: ¿Una influencia desestabilizadora?”, Isegoría, nº24, 2001, pp. 167-187.
[8] April Carter, The Political Theory of Global Citizenship, op.cit., p. 94.
[9] Véanse Gerard Delanty, “Models of Citizenship: Defining European Identity and Citizenship”, Citizenship Studies, nº 1, 1997, pp. 285-303; y Gerard Delanty, Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics, Open University Press, Buckingham, 2000.
[10] Gerard Delanty, “Models of Citizenship: Defining European Identity and Citizenship”, op. cit., p. 286.
[11] Andrew Dobson, Green Political Thought, Routledge, Londres, 2000 [3ª edición], p. ix.
[12] Véase Manuel Arias Maldonado, Sueño y mentira del ecologismo. Naturaleza, sociedad y democracia, Siglo XXI, Madrid, 2008, cap. 3. Esta revisión abarca también los conceptos liberales de derechos fundamentales, representación política, autonomía, comunidad y Estado. nº 105 2009.
[13] Véase Ángel Valencia Sáiz, “Teoría política verde: balance de una disciplina emergente”, Revista Española de Ciencia Política, nº3, 2000, p. 191.
[14] Peter Christoff, “Ecological Citizens and Ecologically Guided Democracy”, en Brian Doherty y Marius de Geus (eds.), Democracy and Green Political Thought. Sustainability, Rights and Citizenship, Routledge, Londres, 1996.
[15] Ibidem, pp. 161-162.
[16] Véanse John Barry, “Sustainability, Political Judgement and Citizenship: Connecting Green Politics and Democracy”, en Brian Doherty y Marius de Geus (ed.), Democracy and Green Political Thought, op.cit; y John Barry, Rethinking Green Politics. Nature, Virtue and Progress, Sage, Londres, 1999.
[17] John Barry, Rethinking Green Politics, op. cit, p. 229.
[18] John Barry y John Proops, Citizenship, Sustainability and Environmental Research. Q Methodology and Local Exchange Trading Systems, Edward Elgar, Cheltenham, 2000.
[19] Entre quienes rechazaban la noción de ciudadanía ecológica, véase Engin F. Isin y Patricia. K. Wood, Citizenship and Identity, Sage, Londres,1999; en lo referente a los intentos malogrados, véanse Fred Twine, Citizenship and Social Rights: The Interdependence of Self and Society, Sage, Londres, 1994 y Bart Van Steenbergen, “The Condition of Citizenship: An Introduction”, en Bart Van Steenbergen, The Condition of Citizenship, Sage, Londres,1994; entre las propuestas originales hay que considerar la de Mark J. Smith, quien sostenía una “nueva política de obligación”, véase Ecologism. Towards Ecological Citizenship, Open University Press, Buckingham, 1998; finalmente de aquellos trabajos de esos años hay que reseñar alguna propuesta contractiva como la de Elizabeth Jelin, véase “Towards a Global Environmental Citizenship”, Citizenship Studies nº 4, 2000, pp. 47-63. Sin embargo, entre las propuestas más recientes y constructivas habría que destacar las siguientes: en primer lugar, los trabajos de Andrew Dobson “Ciudadanía ecológica: ¿Una influencia desestabilizadora”, op.cit.; Citizenship and the Environment, Oxford University Press, Oxford, 2003 y “Citizenship”, en Andrew Dobson y Robin Eckersley (eds.), Political Theory and the Ecological Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; en segundo lugar, y en esta línea, véanse Andrew Dobson y Ángel Valencia Sáiz (eds.), Citizenship, Environment, Economy, Routledge, Londres, 2005 y Andrew Dobson y Derek Bell (ed.), Environmental Citizenship, MIT Press, Boston MA, 2006; finalmente, en otra línea algo diferente, véase Mark J. Smith y Piya Pangsapa, Environment & Citizenship. Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement, Zed Books, Londres, 2008.
[20] Alex P. Latta, “Locating Democratic Politics in Ecological Citizenship”, Environmental Politics, vol. 16, nº 3, 2007, pp. 377.
[21] Una buena muestra de esto es el debate sostenido por Tim Hayward y Andrew Dobson en las páginas de la revista Environmental Politics. Véanse Tim Hayward, “Ecological Citizenship: Justice, Rights and the Virtue of Resourcefulness”, Environmental Politics, vol. 15, nº 3, 2006, pp. 435-446; Andrew Dobson,“Ecological Citizenship: a Defence”, op. cit., pp. 447-451; y Tim Hayward,“Ecological Citizenship: a rejoinder”, op. cit., pp. 452-453.
[22] Entre los artículos recientes, véanse Alex P. Latta y Nick Garside, “Introduction: Perspectives on Ecological Citizenship”, Environments, vol. 33, nº 1, 2005, pp. 1-9; Alex P. Latta,“Environmental Citizenship”, Alternatives, vol. 33, nº 1, 2007, p. 18; Alex P. Latta,“Locating Democratic Politics in Ecological Citizenship”, op.cit., pp. 377-393; Alex P. Latta, “Citizenship and the Politics of Nature: The Case of Chile’s Alto Bio Bio”, Citizenship Studies, vol. 11, nº 3, 2007, pp. 229-246; Teena Gabrielson, “Green Citizenship: A Review and Critique”, Citizenship Studies, vol. 12, nº 2, 2008, pp. 429-446; y Carme Melo-Escrihuela, “Promoting Ecological Citizenship: Rights, Duties and Political Agency”, ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 7 (2), 2008, pp. 113-134. Finalmente, habría que destacar un excelente libro sobre el tema, aparecido recientemente, véase Mark J. Smith y Piya Pangsapa, Environment & Citizenship, op. cit.
[23] Véase especialmente Andrew Dobson, Citizenship and the Environment, op.cit. He tratado su aportación críticamente en varios trabajos de los últimos años, véase, sobre todo, Ángel Valencia Sáiz, “Globalisation, Cosmopolitanism and Ecological Citizenship”, en Andrew Dobson y Ángel Valencia Sáiz (eds.), Citizenship, Environment, Economy, op. cit.En esta línea también, véase Carmen Velayos, “¿Es posible una ciudadanía ecológica” en José Mª Gª Gómez-Heras y Carmen Velayos Castelo (coords.), Tomarse en serio la naturaleza. Ética medioambiental en perspectiva multidisciplinar, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. Una posición más escéptica puede encontrarse en Manuel Arias Maldonado, Sueño y mentira del ecologismo, op. cit., pp. 234-248.
[24] Andrew Dobson, “Ciudadanía ecológica: ¿Una influencia desestabilizadora?”, op. cit., p. 185.
[25] Me refiero a Andrew Dobson y Ángel Valencia Sáiz (eds.), Citizenship, Environment, Economy, op. cit. y a Andrew Dobson y Derek Bell (eds.), Environmental Citizenship, op. cit.
[26] Juan Carlos Mougán, “Hacia una teoría de la educación para una ciudadanía democrática”, Contrastes, suplemento 8, 2003, pp. 163-189.