El ambientalismo y ecologismo latinoamericano. Parte VII
Parte VII. El ecologismo popular
Por Joan Martínez Alier, Héctor Sejenovich y Michiel Baud [1]
Artículo publicado en la obra Gobernanza ambiental en América Latina de Fabio de Castro, Barbara Hogenboom y Michiel Baud (coordinadores) (Buenos Aires: CLACSO, 2015)
Publicado con el consentimiento expreso de Joan Martínez Alier
Los debates gubernamentales e internacionales sobre las nuevas políticas ambientales ocurrieron al mismo tiempo que emergió un debate cada día más fuerte en la sociedad civil. Influenciado por las nuevas ideas de la Teología de la Liberación y los diversos movimientos sociales en la región, una corriente crítica de los modelos de crecimiento económico en América Latina iba a dar voz a un ecologismo popular o ecologismo de los pobres. Mostraron ideas y temas divergentes pero se nutrieron de dos pensadores latinoamericanos importantes. Primero las ideas Paulo Freire que enfatizaban la justicia social y ambiental, el conocimiento local, la moralidad de las decisiones políticas y el respecto por el planeta y sus diversos habitantes. Estas ideas llevaron algunos a un rechazo fundamental del capitalismo; otros las tomaron como una agenda más bien cultural y moral, que podría presentar una alternativa para el capitalismo y desarrollismo materialista. El otro pensador con mucha influencia en el debate fue el escritor uruguayo Eduardo Galeano. En su libro, Las Venas Abiertas de América Latina de 1971 presenta una crítica feroz de la lógica extractiva de los proyectos económicos y políticos en la historia de América Latina y la dependencia e inequidad que fueron su resultado. El libro fue leído en toda América Latina y se volvió un texto icónico en los debates sobre las consecuencias del capitalismo extractivo y la destrucción social y ecológica en la región. Otro uruguayo, Eduardo Gudynas, atrae en los últimos años a muchos seguidores en su elaboración de un post-extractivismo.
Los partidos políticos nacionalistas-populares (al estilo del Peronismo y del APRA, antes de sus incongruentes momentos neoliberales con los presidentes Menem y Alan García) habían protestado contra la inserción de América Latina en la economía mundial como proveedora de materias primas y con episodios de terrible endeudamiento. Y habían sido acompañados por otras corrientes políticas. Por ejemplo, el influyente economista argentino Aldo Ferrer del Partido Radical presentó, en 1983, un bien argumentado alegato para “vivir con lo nuestro” (Ferrer, 1983).
Más allá de los debates gubernamentales e internacionales dirigidos hacia nuevas políticas públicas ambientales, más allá también de las investigaciones universitarias, se desarrolla con mayor fuerza un ecologismo popular que abarca movimientos que son a veces puramente reactivos y que en general no aspiran a lograr influencia política per se, sino que emergen como una reacción a problemas ambientales específicos, muchas veces locales pero con importancia mundial. En este sentido, hay que ver el agro-ecologismo latinoamericano agrupado en la Vía Campesina y la CLOC como un movimiento internacional que no es solamente un movimiento de defensa, sino que hace propuestas que muestran la racionalidad ecológica productiva de la que habla Enrique Leff (Leff 1986, 2006). Asimismo ha crecido la red por la Justicia Hídrica, bajo el amparo de un académico holandés formado en Perú, Rutgerd Boelens.
Muchas resistencias manifestadas en el ecologismo popular no crean alternativas permanentes, sino se enlazan en el tiempo una tras otra en el mismo lugar de extracción minera o de proyecto inversor, y finalmente sucumben. Las protestas en México en los años ochenta en contra de la planta nuclear en Laguna Verde presentan un ejemplo ya lejano. Hay luchas contra represas que duran décadas y finalmente pierden. El movimiento local en Ecuador contra la minería de cobre en INTAG es un ejemplo actual. Resistió y venció contra la Mitsubishi en 1995, contra Ascendant Copper (de Canadá) en 2006, desarrolló alternativas como el comercio de café orgánico y el ecoturismo. Después de estas victorias, en 2014 está sufriendo los embates del presidente Correa en alianza con la empresa estatal Codelco de Chile.
El ecologismo popular o, como sinónimo, el ecologismo de los pobres e indígenas es, sobre todo, la expresión de una “economía moral” que se enfrenta a la mercantilización y se manifiesta en las fronteras extractivas (Martínez-Alier, 1992, 2005). Las poblaciones campesinas y/o indígenas protestan contra las industrias extractivas de minerales o de biomasa, usando distintos lenguajes de valoración. Consiguen parar proyectos en tal vez 20% de los casos, según los inventarios del proyecto EJOLT [2]. A veces demandan una compensación monetaria por los daños recibidos o que van a sufrir; otras veces argumentan en términos de derechos territoriales inalienables, apelan al Convenio 169 de la OIT o declaran que los parajes que van a ser destruidos (cerros, ríos, lagos) son sagrados. Se oponen a la depredación de bienes comunes y recursos de la naturaleza que necesitan para vivir, por puras necesidades de subsistencia. No solo en el campo, también en la ciudad hay grupos de ciudadanos relativamente pobres que, sin ser ecologistas “de carnet”, protestan cuando pierden zonas verdes de uso público, demandan espacio para peatones o ciclistas, practican horticultura urbana, protestan por la falta de agua potable.
La mejor descripción es todavía la que dio Hugo blanco en un artículo en el diario La República de Lima el 6 de abril de 1991, cuando el concepto “ecologismo de los pobres” (nacido en la India y en América Latina) tenía 3 o 4 años de vida. Dice así:
En el Perú existen grandes masas populares que son ecologistas activas […] ¿No es acaso ecologista muy antiguo el pueblo de Bambamarca que más de una vez luchó valientemente contra la contaminación de sus aguas producida por una mina? ¿No son acaso ecologistas los pueblos de Ilo y de otros valles que están siendo afectados por la Southern? ¿No es ecologista el pueblo de Tambo Grande que en Piura se levanta como un solo puño y está dispuesto a morir para impedir la apertura de una mina en su pueblo, en su valle? también es ecologista la gente del Valle del Mantaro que ha visto morir las ovejitas, las chacras, el suelo, envenenados por los relaves de las minas y el humo de la fundición de La Oroya. Son completamente ecologistas las poblaciones que habitan la selva amazónica y que mueren defendiéndola contra sus depredadores. Es ecologista la población pobre de Lima que protesta por estar obligada a bañarse en las playas contaminadas [3].
Este ecologismo popular latinoamericano hoy en día se congrega en redes de información y agitación como las de OCMAL (observatorio de Conflictos Mineros en América Latina) y el OLCA, basados en Chile. Tiene paralelos y conexiones (a través de otras redes internacionales como Oilwatch, el WRM, la Vía Campesina y la CLOC) con movimientos de resistencia en la India y en África, y también tiene coincidencias con el movimiento por la justicia ambiental en Estados Unidos. Redes como el MAB en Brasil y MAPDER en México (que se oponen a represas) se conectan también con movimientos internacionales.
Ese ecologismo popular se hace muy visible en el gran número de conflictos locales surgidos en las últimas décadas. Los inventarios de conflictos, por ejemplo los incluidos en el Atlas de EJOLT pero también en otros mapas más completos por país, muestran que los conflictos ecológicos y sociales son un gran motivo de movilizaciones sociopolíticas en América Latina. Empiezan a publicarse trabajos de ecología política estadística (Pérez rincón, 2014). En América Latina en casi la mitad de casos recogidos en el Atlas de EJOLT participa la población indígena o afroamericana como actores en esos conflictos ecológico-distributivos.
El ecologismo popular no solo tiene antiguas raíces indígenas. destaca el libro del teólogo brasileño Leonardo Boff, Ecología: Grito de la Tierra, Grito de los Pobres (1996), y el liderazgo del ex sacerdote Marco Arana en Perú en el movimiento y partido político Tierra y Libertad fundado tras muchos años de bregar en Cajamarca contra la Minera Yanacocha. Anteriormente, existió el llamado Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo dentro de la Iglesia Católica que intentó articular la idea de renovación subsiguiente al Concilio Vaticano II con una fuerte participación política y social. Este movimiento jugó un papel importante en las “villas miseria” en Argentina. Fue duramente reprimido y obligado a disolverse, reaparece sin embargo 20 años después en las Ligas agrarias del Noreste argentino formando movimientos ambientales, en la lucha contra la sojización que invade el bosque chaqueño. Ha surgido en Argentina una red no gubernamental llamada Médicos de los Pueblos Fumigados por glifosato, que apoya el amplio movimiento llamado “Paremos de Fumigar” con emblemáticas activistas como Sofía Gatica en Córdoba (premio Goldman) del movimiento Madres de Ituzaingó. En Brasil, en conflictos de tierras en el norte del país se nota la activa presencia de la Pastoral da Terra (Porto et al., 2013). En otros países hay presencia de la Iglesia Católica u otras iglesias en los conflictos ambientales pero es más escasa.
El movimiento del ecologismo popular y la justicia ambiental ha creado espontáneamente a lo largo de 30 años un vocabulario propio. En Estados Unidos, para calificar la desproporcionada contaminación en barrios pobres donde habitan poblaciones racialmente discriminadas, se usó “injusticia ambiental” y “racismo ambiental” a partir de 1982. Más tarde, se introdujo también la expresión “zonas de sacrificio”. El término “deuda ecológica” se empezó a usar en 1991 por organizaciones latinoamericanas para oponerse a la pérdida de la capa de ozono y al cambio climático (Robleto y Marcelo, 1992), y se aplicó algo más tarde a los resultados del comercio ecológicamente desigual. En el “parlamento latinoamericano” que funciono meses antes de la reunión de 1992, Héctor Sejenovich presentó un documento sobre la Deuda Ambiental y metodologías para su cálculo basada en los costos de manejo. Hay otras consignas o expresiones como “el agua vale más que el oro”, “justicia hídrica”, “ríos vivos”, “justicia climática”, “las plantaciones no son bosques” (Carrere y Lohman, 1996), “soberanía alimentaria” (que procede de la Vía Campesina) , “soberanía energética”, que han nacido o se han difundido en el continente. Las organizaciones de justicia ambiental piden también un tribunal penal internacional en materia ambiental y una convención internacional sobre “ecocidio”. Eso está realmente muy distante de la inútil retórica de la “economía verde” desplegada por la ONU en la conferencia Rio+20 en junio de 2012, por no hablar del “crecimiento verde”, el súper-oxímoron.
Uno de los términos del movimiento de justicia ambiental es la palabra “biopiratería”, introducida en 1993 por Pat Mooney (de RAFI, hoy ETC) y muy difundida mundialmente por Vandana shiva, asidua visitante de países latinoamericanos. En América Latina destaca la Red de Acción por la Biodiversidad que coordina Carlos Vicente, activista y autor de libros sobre el tema. Los españoles se llevaron de América las semillas y el conocimiento de la papa o el maíz sin dar ni las gracias, y se llevaron también muchas toneladas de corteza del árbol de la quina y el conocimiento de sus efectos contra las fiebres. En la actualidad, hasta se patentan tales conocimientos por empresas o investigadores extranjeros.
Lo que empezó siendo denuncias de organizaciones activistas de justicia ambiental contra la biopiratería, ahora se ha convertido en actuaciones administrativas de algunos gobiernos o en casos judiciales en países megadiversos. Tanto en Perú como en Brasil, las autoridades estatales hablan de “biopiratería”. La propia ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en marzo de 2012 tras imponer multas a algunas empresas, que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad “disfracen acciones de biopiratería”.
En la regulación de las empresas, se ha conseguido que los proyectos de inversión tengan un proceso de audiencia pública de las Evaluaciones de Impacto Ambiental que son momentos cruciales en multitud de conflictos socioambientales (Wagner, 2014). Las EIA dan una instancia de participación o de lucha que permite avanzar hacia la gobernanza ambiental participativa. Así, en Tambogrande, Perú, la negativa de la población a participar en una audiencia púbica amañada de la EIA fue un paso hacia un referéndum o consulta popular en 2002 [4].
Respecto del actuar de las empresas, los disimulos de la “responsabilidad social corporativa” (RSC) han sido importados a América Latina desde otras latitudes mientras hay, por otro lado, fuertes reclamos de los pasivos ambientales como en el caso Chevron Texaco en Ecuador y por el nematicida DBCP, parecidos a los de Nigeria contra la Shell y tantos otros casos alrededor del mundo [5]. Será interesante comparar la conducta de empresas chinas con la de empresas de europeas, australianas, estadounidenses y canadienses.
Los conflictos ambientales no se dan simplemente entre poblaciones locales de un lado y empresas del otro lado. Hay participación de ONG locales e internacionales, y también participación estatal en multitud de conflictos no solamente en la gestión administrativa de las EIA u otros trámites anteriores como las concesiones mineras o petroleras, sino a través de las instancias judiciales (con casos espectaculares, como la suspensión del proyecto de Pascua Lama de Barrick Gold en Chile, tras inversiones de miles de millones de dólares). Y también las instancias legislativas intervienen a veces a favor del ambientalismo, como en las prohibiciones de minería a cielo abierto por diversas legislaturas provinciales en Argentina (Wagner, 2014). También pueden intervenir instancias de mediación, como la Defensoría del Pueblo en Perú y Bolivia. Y no pocas veces interviene la policía, los militares y fuerzas de seguridad privadas amparadas por el Estado contra los ambientalistas populares. Hay consenso entre gobiernos neoliberales y nacionalistas-populares en atribuir el ecologismo a influencias extranjeras e interpretarlo como un fenómeno de “barrigas llenas”, pero es imposible ignorar los brotes múltiples de movilizaciones ambientales en toda América Latina y los cientos de víctimas mortales en conflictos ambientales en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil y algunos otros países, como los ha documentado Global Witness.
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Notas
[0] La foto que encabeza este artículo corresponde al mural “Presencia de América Latina” del artista mexicano Jorge González Camarena. El mural se encuentra en la Casa del Arte de la Ciudad Universitaria de Concepción (Chile).
[1] Joan Martínez Alier es uno de los dos padres fundadores de la economía ecológica en España (junto a José Manuel Naredo) y fundador y director de la revista semestral “Ecología Política. Cuadernos de debate internacional”, referencia de la materia en castellano tanto en España como en América Latina.
[2] Ver: <www.ejatlas.org>.
[3] Ver: <http://hugoblancogAldos.blogspot.com.es/2008/12/el-ecologismo-de-los- html>.
[4] Véase en este libro el capítulo 10 de Mariana Walter y Leire Urkidi sobre referéndums locales o consultas populares contra inversiones.
[5] Hay un análisis más extenso de la institucionalidad ambiental, en el capítulo 6 de Cristian Parker et al.
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Buenas tardes
Es un informe donde donde nos explica de forma detallada , las consecuencias actuales que pasan actualmente por la explotación intensiva de nuestros recursos naturales, desconocemos el alcance las multinacionales por extraer los recursos no renovables, pero si tengo claro que en un futuro muy cercano se terminará nuestros recursos mas importantes agua ,aire favorable,suelo despues de esta terminacion ,cada persona sera individualista sin interesar genero o razon social,todos con un mismo objetivo sobrevivir poder tener un poco de agua y alimentos sera como una selva solo sobrevivirán los mas fuertes,debemos tomar conciencia de forma inmediata para proteger nuestros recursos .