Published on mayo 27th, 2023 | by EcoPolítica

¿Cumplirá el Fondo de Transición Justa de la UE la promesa que hizo a los trabajadores?

Meike Vedder

Artículo publicado en inglés en el Green European Journal
Traducido por Guerrilla Translation y publicado en El Salto fruto de la colaboración entre el Green European Journal, El Salto, Guerrilla Translation y EcoPolítica

Para evitar que la transición energética desemboque en un desempleo masivo, pobreza y desigualdad entre las regiones, la Unión Europea creó en 2021 el Fondo de Transición Justa. Con esta iniciativa, ¿puede la UE brindar esperanza a los trabajadores de la industria?

El concepto de transición justa nació en la década de 1990 en los Estados Unidos, cuando el movimiento sindical comenzó a alzar la voz contra la contaminación del medio ambiente y los riesgos a los que se exponían los trabajadores. Entonces se popularizó el eslogan “no hay trabajo en un planeta muerto” junto a la idea de que los sindicatos y el movimiento ecologista debían unir fuerzas y trabajar juntos por una transición justa a un planeta habitable con empleos sostenibles. Como resultado, los trabajadores no acabarían cargando con el peso de las políticas climáticas.

En Bruselas, durante mucho tiempo, la política social ha estado separada de la política climática. Pero gracias a la presión de los sindicatos europeos, el movimiento por el clima y los partidos verdes ahora se está añadiendo una dimensión social a la política climática a nivel europeo. En las últimas décadas, el concepto de transición justa ha ido penetrando en los tratados internacionales y documentos de políticas, incluyendo los planes europeos en materia de clima y, de forma más reciente, en el Fondo de Transición Justa.

Por qué necesitamos coordinarnos a nivel europeo

Si bien en el norte de Europa peligran puestos de trabajo como consecuencia de las políticas climáticas, las repercusiones potenciales en otros países de la UE son aún más graves. Los diferentes países y regiones tienen unos puntos de partida que difieren enormemente, tanto en el número de puestos de trabajo amenazados por la transición energética como en el nivel de protección social. Si no se realizan ajustes, la transición no hará sino exacerbar las diferencias que ya existen.

Por si fuera poco, buena parte de la industria europea está situada en las regiones más pobres de Europa oriental y meridional; zonas que en gran medida dependen económicamente de estos puestos de trabajo y donde ya se han perdido tanto empleos directos como indirectos. En los últimos años también han desaparecido numerosos puestos de trabajo en las regiones productoras de carbón de Polonia, por ejemplo, y solo en la región de Silesia (que abarca partes de Polonia, República Checa y Alemania) entre 15 000 y 18 000 mineros corren el riesgo de perder su empleo próximamente.

Por tanto, el riesgo de que las personas que ya están en una situación precaria se vean sumidas en una pobreza aún mayor con la muerte de la industria de los combustibles fósiles es más que probable, a no ser que este desmantelamiento venga acompañado de la creación de empleos nuevos y una red de seguridad social robusta. A pesar de que se requerirá un mayor número de trabajadores para hacer que los procesos de producción sean más sostenibles, como ocurre en las industrias química y de la automoción, no serán necesariamente los mismos trabajadores de ahora quienes asuman esas nuevas labores. De esta forma, se necesitará brindar a las plantillas posibilidades de formación y reciclaje profesional para poder abordar las nuevas técnicas y procesos más sostenibles. Además, existe el riesgo de que sectores enteros se trasladen a otras ubicaciones más propicias para esos modos de producción más sostenibles, de modo que las desigualdades regionales podrían exacerbarse debido a las diferencias existentes entre los países de la UE en cuanto a oportunidades de inversión. Países como Alemania, Países Bajos y Francia ya están invirtiendo miles de millones de euros de fondos climáticos en sus industrias.

Otro riesgo subyacente es el aumento de la desigualdad socioeconómica, así como el miedo a la misma, que podrían socavar la confianza en la política y la democracia y abrir la puerta a partidos extremistas que exploten dichos temores e incertidumbres. Por tanto, una política europea que afronte las consecuencias socioeconómicas negativas de las políticas climáticas se antoja algo esencial.

Cómo la UE combate la desigualdad y destrucción de empleo

Este tipo de políticas se han introducido en el formato de fondos europeos, que sirven para ajustar las políticas climáticas. Además del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ahora existe también el Fondo de Transición Justa, y se prevé la creación de un Fondo Social para el Clima.

De estos fondos, el Fondo de Transición Justa es el que se centra de manera más directa en apoyar a los trabajadores en el contexto de la transición energética. Se creó en 2021 después de una larga ronda de negociaciones en Bruselas para decidir el tamaño y las condiciones del mecanismo. Al final, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros pactaron un fondo de 17.500 millones de euros para garantizar una transición justa en las regiones que actualmente dependen económicamente en gran medida de industrias abocadas a desaparecer o que experimentarán cambios significativos. Además de inversiones relacionadas con la sostenibilidad, el fondo se puede emplear para la formación y el reciclaje profesional de trabajadores y solicitantes de empleo, así como para ayudar a las personas a encontrar trabajo.

Buena parte del Fondo de Transición Justa va destinado a Polonia, Rumanía, Alemania y la República Checa. España recibirá 868,7 millones de euros para realizar inversiones en las regiones de A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba, Cádiz y Alcúdia (Mallorca), debido a la actividad industrial relativamente importante en dichos lugares relacionada con la minería, el carbón, el petróleo y el gas. Los países de la UE están trabajando actualmente junto con las zonas designadas en la elaboración de planes territoriales de transición, que describen cómo el gobierno planea gastar el montante destinado a una de las regiones. El 20 de diciembre de 2022 la Comisión Europea aprobó el plan nacional de transición justa de España. Dicho plan fue creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con el Instituto para la Transición Justa, además de las provincias y los municipios implicados. Los proyectos que se ajusten al plan han podido enviar sus solicitudes a través de los agentes que el Instituto para la Transición Justa tiene desplegados en cada región, de modo que se ha mantenido una comunicación constante con los participantes. Por ejemplo, en León se está financiando la ampliación del polígono industrial para atraer nuevas empresas mientras se dan ayudas a pymes de turismo rural y se amplían y rehabilitan los servicios médicos y educativos. También se ha apoyado la construcción de un nuevo Centro de Diseño y Desarrollo de Tecnología Láser. Todo esto conlleva adaptar la formación a los nuevos requisitos y el desarrollo de las habilidades sociales, digitales y técnicas que requieren los nuevos empleos verdes. La responsabilidad última del gasto del Fondo recae en parte sobre los gobiernos nacionales y en parte sobre la propia Comisión Europea.

Mientras los trabajadores no estén sentados a la mesa y participando en los debates, es poco probable que el resultado del plan se ajuste a sus necesidades.

Por qué no basta con el Fondo de Transición Justa

Aunque el plan suene muy prometedor, no todos están echando las campanas al vuelo. El problema más evidente es la cantidad de dinero en sí: 17.500 millones de euros no es suficiente para cumplir con los numerosos objetivos del plan. De hecho, además de invertir en apoyar a los trabajadores y solicitantes de empleo, el fondo también se puede utilizar para realizar inversiones en energías renovables y para crear empresas nuevas. Con este fondo, la UE intenta amortiguar el impacto de la transición sobre el mercado laboral, así como reforzar las economías regionales financiando su diversificación y modernización. En otras palabras, se trata de un objetivo tremendamente amplio para un fondo relativamente pequeño. Además, la selección de las regiones que han reivindicado ser las idóneas para percibir los fondos también ha sido objeto de críticas. Por ejemplo, Alemania recibe buena parte del fondo cuando es un país que ya está destinando miles de millones de euros a la transformación verde de su industria. Por otra parte, muchas de las regiones seleccionadas son regiones productoras de carbón, cuando los mismos problemas se dan igualmente en otros muchos sectores.

Poco se puede decir de los resultados de los planes financiados por el Fondo de Transición Justa, ya que su implementación aún está en el horizonte, pero sí que podemos formarnos una opinión en cuanto a sus procedimientos. Según los sindicatos europeos, no se ha involucrado lo suficiente ni a los trabajadores ni a las propias organizaciones sindicales a la hora de diseñar las políticas climáticas y los planes de transición del Fondo. Esto resulta problemático: mientras los trabajadores no estén sentados a la mesa y participando en los debates, es poco probable que el resultado del plan se ajuste a sus necesidades.

Otro aspecto de esto, quizá más importante, es que esos trabajadores con escasa participación en unas decisiones que potencialmente tendrán grandes consecuencias sobre su sustento seguramente miren al futuro con mucha más desconfianza que si pudieran participar. La resistencia contra las políticas climáticas aparece cuando los trabajadores no saben qué va a ser de ellos y los planes se elaboran sin contar con ellos tampoco. Algunos ejemplos de esto son la resistencia de los sindicatos mineros de Polonia contra la legislación europea en materia del clima y la oposición por parte de los comités de empresa de numerosas compañías industriales en los Países Bajos al impuesto sobre el CO2, en ambos casos motivadas por el miedo a la destrucción de los puestos de trabajo.

Aunque las directrices del Fondo requieren que se involucre en la elaboración de los planes a los gobiernos regionales y locales, a sectores interesados —socios económicos e interlocutores sociales— y a la sociedad civil, esto no suele ocurrir. Si el Fondo de Transición Justa quiere contribuir de verdad a que haya una transición justa, entonces los procesos que desencadena deben ser justos también.

Con independencia del volumen del fondo y el alcance del control que tengan los trabajadores sobre el mismo, cabe cuestionarse en cualquier caso si estos fondos son una garantía de las políticas climáticas sociales. Un fondo puede servir para compensar la destrucción de empleo y la pobreza, pero solo a pequeña escala y en retrospectiva. El aspecto social no forma parte de las políticas climáticas per se; y aunque estas sí que imponen objetivos vinculantes para reducir las emisiones en los países de la UE, la protección de los trabajadores no es un elemento obligatorio.

A pesar de que el Fondo aún no se ha abierto, las condiciones son tan poco vinculantes que la Comisión Europea no tiene mucho margen de maniobra para garantizar que el dinero llegue a quienes más lo necesitan. Como resultado, muchos trabajadores seguirán dependiendo del nivel de protección social y las políticas que le ofrezca el Estado miembro donde trabaja.

Cómo garantizar una transición justa

Pero, ¿qué debería hacer la UE para garantizar una transición justa para los trabajadores de la industria? En primer lugar, la Comisión Europea puede facilitar estructuras formales que garanticen que los trabajadores y los sindicatos participen en la aplicación de los planes del Fondo de Transición Justa.

Además, hace falta ir más allá de los fondos. Es el momento de tener amplitud de miras para el futuro de la industria europea. Como se ha mencionado más arriba, el Fondo de Transición Justa no es el único fondo que contribuye a una transición justa. Por ejemplo, el objetivo del futuro Fondo Social para el Clima tendrá como objetivo combatir la pobreza energética y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el de combatir la desigualdad entre regiones mediante inversiones en empleo y reconversión verde. Sin embargo, el volumen y el ámbito de aplicación de estos fondos sigue siendo limitado también.

A pesar de que la UE está realizando actualmente ajustes reactivos, no elabora políticas de manera activa para orientar el mercado laboral. Si bien plantear una intervención activa real en el mismo resulta difícil a nivel europeo, dado que las cuestiones sociales y de empleo son en su mayoría competencias de los Estados miembros, la UE puede mirar mucho más allá y reflexionar desde un principio sobre el impacto que el diseño de políticas climáticas puede tener sobre los trabajadores y las economías. Así, se podrán anticipar los cambios futuros y realizar las inversiones oportunas en aquellas economías más dependientes de las industrias en vías de desaparición, lo cual permite prevenir que las desigualdades regionales en Europa crezcan demasiado.

Finalmente, si bien la UE no puede tomar el control total de las políticas sociales, lo que sí puede hacer la política europea es aumentar los niveles mínimos de protección social y condiciones laborales para todos los Estados miembros. Una Europa más social tendrá una menor necesidad de usar fondos de este tipo. Un buen ejemplo de esto es el acuerdo alcanzado en la UE en junio de 2022 para aumentar los salarios mínimos. Esto evitará que los empleos relacionados con las industrias fósiles se sustituyan con empleos flexibles y mal pagados, algo que ya ha ocurrido en Polonia, donde una mina de carbón fue reemplazada por un centro de distribución de Amazon.

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