El ángulo muerto de la gobernanza mundial de la biodiversidad
Alison Hutchinson y Teresa Lappe-Osthege
Artículo publicado en inglés en el Green European Journal
Traducido por Guerrilla Translation y publicado en El Salto fruto de la colaboración entre el Green European Journal, El Salto, Guerrilla Translation y EcoPolítica
En diciembre de 2022, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica alcanzó un acuerdo que se ha celebrado como un hito histórico para la conservación. No obstante, bajo esta pátina de progreso lo que hay son unos instrumentos para la protección de la biodiversidad que no solo tienen carencias de fondo, sino que además no logran despojarse de la herencia colonial que existe en el ámbito de la conservación.
La biodiversidad está en crisis. Más de un millón de especies se encuentra actualmente en peligro de extinción, y muchas más se explotan debido a la creciente demanda de fauna de los consumidores europeos. Las últimas reuniones de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES COP19, por sus siglas en inglés) y la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CBD COP15) abogaban por una mayor regulación de la protección de la fauna silvestre y la biodiversidad. Pero, ¿pueden estos tratados internacionales remediar el declive de la biodiversidad en Europa y la creciente explotación de su fauna?
La mercantilización de la fauna en Europa
La Convención CITES fija las normas para el comercio con especies silvestres amenazadas por la sobreexplotación, y cuenta con 184 signatarios. Este proceso regulatorio aspira a garantizar —mediante el establecimiento de controles al comercio y medidas de rastreo— el uso sostenible de las más de 38 000 especies de animales y plantas silvestres que incluye en su listado. Este año la Convención cumple 50 años desde que se creó en 1973; sin embargo, durante el tiempo de vigencia de la misma, la explotación de la fauna y flora ha aumentado y el futuro de las especies silvestres se ha convertido en algo cada vez más frágil.
Como principal mercado de importación de las especies protegidas por la Convención CITES y un gran mercado de consumo y tránsito del comercio ilícito de especies silvestres (maderas, peces, especies vivas, carne de animales salvajes y medicamentos, entre otras muchas), la Unión Europea desempeña un papel importante para evitar la sobreexplotación de la fauna y flora. En la Conferencia CITES de 2022 (COP19), la UE impulsó la propuesta de inclusión de 14 listados que englobaban más de 280 especies de animales y plantas. Con delegaciones compuestas por expertos y el peso de los votos de sus 27 Estados miembros, la UE posee un peso considerable en estos procesos.
Además, la UE mediante sus propias regulaciones unilaterales impone unas medidas más estrictas que las de la Convención CITES, con requisitos adicionales para la importación a la UE de determinadas especies. Dichas medidas suponen en la práctica obstáculos al comercio que afectan de manera desproporcionada a los países de origen. El modo en que se entrelazan aquí los intereses estatales y comerciales reproduce los patrones históricos de control colonial en el ámbito de la conservación de la fauna y flora, donde se impone la visión de lo que la UE considera “apropiado” en cuanto a medidas de conservación sobre los países con mayor biodiversidad (a menudo, en el Sur Global). Estas medidas van más allá de las acordadas por consenso internacional en la Convención CITES, por ejemplo, al exigir más licencias. En lugar de frenar el comercio de fauna y flora en general, lo que suelen hacer dichas restricciones es reducir el comercio de ciertas especies en concreto (que son consideradas más populares, carismáticas o megafauna).
Europa sigue siendo el mayor importador legal de especies silvestres y por tanto perpetúa un marco de conservación basado en el mercado global que devalúa la fauna y la flora asignándoles un valor meramente económico y que beneficia desproporcionadamente a los más ricos y poderosos. Esta expansión del control de la UE en la legislación y en los procesos de negociaciones sobre el comercio de especies silvestres resulta problemático, dado que abre la puerta a modelos coloniales como el de “fortaleza de conservación” o el de la “media Tierra”. Estos modelos restringen o prohíben el uso y comercio de fauna y flora, a menudo desplazando a las comunidades locales de sus tierras de cultivo para crear zonas protegidas. Las recientes revisiones de legislación de la UE clave en esta materia, como el Plan de Acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres y la Directiva sobre delitos medioambientales no abordan de manera adecuada esas desigualdades, ni salvan la brecha que existe entre las especies protegidas y las que no lo están o sobre las que no se investiga.
Si bien es un instrumento orientado a la conservación, la Convención CITES es ante todo un mecanismo para regular el comercio de especies silvestres, influido por los intereses empresariales y estatales. Se considera que la facilitación del comercio de especies va de la mano con su conservación, puesto que el enfoque lo que hace es velar por evitar que el comercio de especies lleve a su extinción. Esta manera de definir a la fauna y la flora silvestres como recursos es típica de una cosmovisión antropocéntrica, en la cual las especies se consideran un recurso con valor económico para el consumo humano, en lugar de tener un valor intrínseco. Si tenemos en cuenta que esta mirada antropocéntrica y regida por el interés económico es omnipresente, quizá nos sorprenda menos que las políticas de la UE y el Marco mundial para la diversidad biológica post-2020 sigan esa misma lógica.
Unas políticas de biodiversidad “positivas para la naturaleza”
El Marco mundial para la diversidad biológica post-2020 acordado en la COP15 de diciembre de 2022 aspira a frenar la pérdida de biodiversidad de aquí a 2050. Inspirado en la Estrategia de biodiversidad de la UE, tiene por objetivo restaurar y proteger un 30 % de la biodiversidad terrestre y marina de aquí a 2030, de modo que el acuerdo se conoce también como “30×30”. Esta enorme expansión de las zonas protegidas se basa en el cambio mundial hacia una política de biodiversidad “positiva para la naturaleza”. Fundamentalmente, las acciones positivas para la naturaleza procuran garantizar que el balance de la actividad humana no resulte nocivo para la biodiversidad. Este enfoque de un balance neto positivo se refleja, por ejemplo, en el principio central de neutralidad (entendida como “cero neto”) en la mitigación del cambio climático a nivel mundial.
A pesar de que el discurso sobre las acciones “positivas para la naturaleza” no aparezca en la versión final del Marco mundial de la diversidad biológica, el acuerdo se basa en la premisa fundamental de que la actividad humana debe estar separada de la naturaleza para poder conservar la biodiversidad, por ejemplo mediante una gestión estricta de las zonas protegidas. No obstante, esta separación no se basa en una preocupación genuina por la biodiversidad, sino en un interés por conservar la funcionalidad de los ecosistemas y, por consiguiente, su utilidad económica. Algunas partes de la COP15, en particular países de América Latina, lucharon con tesón para integrar en el texto del acuerdo un reconocimiento de los sistemas alternativos de valor que honran los derechos de la “Madre Tierra”. Sin embargo, al igual que otras políticas fundamentales de la UE y España (por ejemplo, las estrategias en materia de biodiversidad, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas o el Pacto Verde), el Marco mundial de la diversidad biológica sigue fijando el valor de la biodiversidad en función de su potencial para aportar a la economía mundial. Otros sistemas alternativos de valor solo se aplican “para aquellos países que los reconozcan”. De esta forma, el Marco forma parte de un conglomerado global de políticas en materia de biodiversidad que plantean la viabilidad económica de la biodiversidad haciendo hincapié en la ampliación y gestión de los ecosistemas, así como en el uso sostenible de las especies.
La pérdida de biodiversidad es un problema europeo
Por ende, tanto la Convención CITES como el Marco mundial de la diversidad biológica comparten una visión de las especies silvestres y la biodiversidad anclada en unos modelos económicos de crecimiento continuo y expansión de los mercados. Las negociaciones en las conferencias CITES-COP19 y CBD-COP15 demostraron que las partes con más influencia, como la UE, poseen una ventaja sustancial a la hora de cambiar la normativa mundial en materia de biodiversidad y el comercio de fauna y flora, lo cual resulta preocupante por tres motivos.
En primer lugar, si las políticas de conservación se rigen por los intereses de uso, explotación y comercio —por mucho que se hable de “uso sostenible”—, tanto la naturaleza como las especies silvestres se convierten en mercancías en el mercado global. Este tipo de políticas de conservación sirven para cimentar una tasación de la flora y fauna en términos económicos que refuerza los sistemas actuales e ignora otros modos de adjudicar valor y respetar la naturaleza. Cabe dudar de si “más de lo mismo” servirá para lograr los cambios de calado que necesitamos para abordar simultáneamente las crisis climática y de la biodiversidad.
En segundo lugar, las políticas de conservación basadas en el mercado pueden legitimar ciertos modos de consumo de la fauna y flora (como aquellas arraigadas en las tradiciones culturales europeas), al tiempo que se marginalizan otras (por ejemplo, las prácticas de las comunidades indígenas y locales). La UE funciona como un mercado de consumo significativo para las especies silvestres y los productos derivados de las mismas, pero posee una influencia política y económica desproporcionada a la hora de negociar tratados y acuerdos comerciales, lo cual tiene implicaciones prácticas para las especies sometidas a unas normativas más estrictas.
Tercero, el sistema actual de gobernanza en materia de biodiversidad reposa sobre unos grandes desequilibrios de poder que permiten que las partes con mayor influencia económica y política —en particular, del Norte Global— evadan la responsabilidad de la pérdida de biodiversidad en países terceros, especialmente en África y Asia. Este desequilibrio de poder suele reforzar la herencia colonial, pues sitúa la responsabilidad de abordar las causas de la pérdida de biodiversidad enteramente sobre los países de origen, que terminan cargando con el peso económico de las iniciativas de conservación y las restricciones al comercio.
En consecuencia, tratar la gobernanza en materia de biodiversidad como un ejercicio para maximizar el valor económico refuerza los patrones de injusticias y desigualdades socioecológicas que contribuyeron notablemente a crear la propia crisis de la biodiversidad. Muestra de ello es que la adjudicación de los recursos financieros para implementar el Marco Mundial de Diversidad Biológica se reveló como una cuestión controvertida en la COP15, donde los países del Sur Global exigían a los países más ricos que dieran un paso al frente.
Además, la promoción de un comercio regulado de las especies amenazadas mediante la Convención CITES no implica a todos los agentes pertinentes que podrían ser responsables del declive de la biodiversidad. Pasar por alto el papel que desempeñan los consumidores europeos en la sobreexplotación de la fauna y flora, implica que las respuestas políticas pueden estar mal dirigidas y, por ello, ser en última instancia ineficientes. Los delitos medioambientales no se comprenden ni se combaten lo suficiente; esto implica que hay entidades registradas jurídicamente en Europa (por ejemplo, restaurantes, turoperadores de caza, compañías pesqueras) que podrían estar facilitando, de manera consciente o inconsciente, el comercio ilícito de especies endémicas del continente. Además, al poner el foco en las especies protegidas por la Convención CITES significa también que numerosas especies autóctonas, endémicas o protegidas por otra norma europea pero fuera del marco CITES (por ejemplo, las Directivas europeas sobre las aves y sobre los hábitats) no suelen incluirse en las políticas comerciales de especies silvestres. Sin embargo, sí que se comercia mucho con ellas y se encuentran en peligro de retroceso poblacional (como es el caso de algunas especies de aves cantoras). Si queremos frenar la pérdida de biodiversidad de forma eficaz y cambiar la gobernanza en materia de biodiversidad a nivel mundial, tenemos que abordar estos ángulos muertos fijando nuestra atención en lo que ocurre en el Norte Global.
El futuro de las políticas europeas en materia de biodiversidad
La conservación de la naturaleza en la UE y su vecindad se encuentra en un estado deplorable, a pesar de las ampliaciones significativas que ha habido de zonas protegidas tanto públicas como privadas (como la red Natura 2000) y los intentos de cambiar la percepción de los gobiernos europeos, posicionándolos como “líderes verdes” en el ámbito global. Las matanzas y la explotación ilegales afectan notablemente a las poblaciones europeas de aves, peces, reptiles y mamíferos, y eso socava los esfuerzos por mejorar la salud y la resiliencia de las especies silvestres en virtud de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Los objetivos de Aichi no se cumplieron, e incluso los que se plasmaron en el Marco Mundial de la Diversidad Biológica son difusos y denotan falta de compromiso.
Es imperativo que se replanteen los relatos sobre la conservación que no ayudan —pues parten de historias coloniales y de una percepción de la naturaleza como algo que se puede separar de las personas— en las políticas de biodiversidad europeas. En lugar de expandir e imponer hacia afuera un énfasis en los servicios de los ecosistemas y un valor basado en el mercado, ya sería hora de que la gobernanza europea en materia de biodiversidad abordara los riesgos de la sobreexplotación y el consumo empezando por la casa propia; en particular, en relación con las especies de fauna y flora endémicas de Europa. Esto requiere una mirada crítica sobre las prácticas nocivas para el medioambiente arraigadas en las tradiciones culturales y nacionales (por ejemplo, el consumo de angulas o de aves cantoras, considerados unas delicatessen exclusivas en determinados países europeos).
Por sí solo, un mayor rastreo y cumplimiento de las normativas de comercio internacional o de los objetivos de biodiversidad dará escasos resultados positivos si no se abordan las motivaciones subyacentes de las actividades que provocan directamente la pérdida de biodiversidad dentro de Europa. Quizá ahora sea el turno de los gobiernos nacionales para eliminar esas lagunas que hay en los marcos de biodiversidad a nivel europeo e internacional. Si las políticas deben ser verdaderamente transformadoras y armoniosas para corregir las injusticias que se cometen en todo el mundo contra las personas y el planeta, nuestra manera de entender la naturaleza y las especies silvestres debe avanzar más allá de estos límites eurocéntricos, basados en la utilidad y el valor de mercado. Los gobiernos y los consumidores europeos deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas por el papel que desempeñan en el declive de la biodiversidad y la sobreexplotación de la fauna y la flora.
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